Atención Primaria de Gran Canaria celebra una jornada formativa sobre discapacidad e incapacidad dirigida a trabajadoras sociales

  • El objetivo es mejorar la coordinación entre los sistemas de valoración de la discapacidad y la incapacidad laboral para ofrecer una mejor atención a los pacientes
  • El encuentro ha abordado el funcionamiento de los centros base de valoración de la discapacidad, el papel del Trabajo Social en estos procesos y las diferencias entre ambos reconocimientos, así como sus repercusiones en el acceso a prestaciones y derechos

La Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, adscrita a la Consejería de Sanidad, celebró la semana pasada una jornada formativa dirigida a trabajadoras y trabajadores sociales de los centros de salud, centrada en la discapacidad y la incapacidad, sus diferencias, los procedimientos de valoración y las prestaciones asociadas. La iniciativa tiene como objetivo favorecer la coordinación entre ambos sistemas de reconocimiento, proporcionar información adecuada a los pacientes y mejorar la atención, especialmente en los procesos más urgentes y en las situaciones de mayor vulnerabilidad.

La actividad, desarrollada en el Aula Magna de la Gerencia, permitió actualizar conocimientos sobre ambos reconocimientos, especialmente relevantes para la orientación y el acompañamiento de pacientes y familias desde Atención Primaria.

Aunque están relacionados, discapacidad e incapacidad responden a criterios y finalidades diferentes. La primera se refiere a las limitaciones en la actividad y participación social derivadas de condiciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y se reconoce mediante un grado de discapacidad. La incapacidad laboral, por su parte, está vinculada a las limitaciones que una enfermedad o lesión ocasiona para el desempeño de una actividad profesional y puede dar lugar al reconocimiento de una incapacidad temporal o permanente. Ambos procedimientos tienen requisitos, efectos jurídicos y prestaciones diferentes.

La jornada contó con la participación de Marina González, directora del Centro de Valoración de la Discapacidad, y María Sonia Guedes, trabajadora social de este organismo, dependiente de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Ambas abordaron las funciones, competencias, organización de los equipos profesionales y procedimientos de valoración.

Uno de los aspectos de especial interés fue la actualización del marco normativo de la discapacidad. El nuevo modelo estatal de valoración, establecido por el Real Decreto 888/2022, incorpora un enfoque biopsicosocial que tiene en cuenta no solo las condiciones de salud, sino también las limitaciones en las actividades cotidianas, la participación social y las barreras del entorno. En Canarias, este marco se ha desarrollado mediante el Decreto ley 4/2025, que adapta los procedimientos a las particularidades del archipiélago y contempla medidas para agilizar la tramitación y valoración de los expedientes.


En una segunda parte, Patricia Herrero, trabajadora social sanitaria de Atención Primaria de Gran Canaria, desarrolló una ponencia centrada en las diferencias entre discapacidad e incapacidad, haciendo especial referencia a sus características, prestaciones y marco normativo.

El encuentro incluyó también un espacio de coordinación de Trabajo Social, una rueda informativa y un turno de ruegos y preguntas, favoreciendo el intercambio de experiencias y la puesta en común de cuestiones de interés para la práctica profesional.

El Trabajo Social Sanitario, clave en la atención integral


Las y los trabajadoras/es sociales sanitarios desarrollan su labor en los distintos dispositivos de Atención Primaria y Atención Hospitalaria, incluida la salud mental, así como en los ámbitos de gestión, planificación y evaluación del sistema sanitario público canario.

Su intervención incorpora los determinantes sociales a los procesos de salud y enfermedad, permite detectar situaciones de vulnerabilidad y contribuye a mejorar la continuidad asistencial, la autonomía personal y la integración social. Asimismo, desempeñan un papel fundamental en la coordinación entre el sistema sanitario, los recursos comunitarios y los servicios de protección social, especialmente en la atención a personas y familias en situaciones de especial vulnerabilidad.

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