La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, a través de la Agrupación de Bomberas y Bomberos de Canarias, ha reunido este lunes a su representación sindical en los siete cabildos y servicios de emergencias. El fin de esta reunión ha sido establecer y reforzar la coordinación, además de afrontar la nueva legislatura del Gobierno canario con la creación de una ley de Coordinación que integre tanto el ámbito de la prevención y extinción de incendios forestales como las emergencias en general que desarrollan los bomberos de los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de consorcios, cabildos y ayuntamientos
Dispersión de los modelos
En la actualidad, Canarias es la única comunidad autónoma que tiene delegadas en sus cabildos -administración análoga a las diputaciones en el caso peninsular- las competencias en materia de prevención y extinción de incendios forestales.
Mientras el resto de las comunidades avanzan hacia modelos integrados dirigidos por el propio gobierno regional, Canarias, desde comienzos de este siglo, cedió estas competencias a los cabildos, lo que ha generado seis modelos dirigentes, con graves problemas de coordinación. Actualmente existe un servicio por cada isla con montes e incendios forestales, las llamadas islas verdes de La Palma, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria y Tenerife, y un sexto que es el propio dispositivo creado por el Gobierno de Canarias: la EIRIF. Todo este dispositivo está generando descoordinación, modelos de prestación precaria por su subcontratación a través de empresas etc. Además, al ser en su mayoría dispositivos de campañas de verano, ofrecen una nula respuesta en materia de prevención.
Sobre los SPEIS
En el caso de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, los llamados bomberos multidisciplinares que actúan en las emergencias en general, la situación es aún peor. Existen islas que no cuentan con servicio propio, a pesar de que los cabildos tienen competencias en municipios de menos de 20.000 habitantes, o bien están sometidas a una importante dispersión, dado que, por falta de regulación, conviven servicios de bomberos de cabildos, consorcios y ayuntamientos. Se da el caso de que Canarias tiene diez cuerpos de bomberos de los SPEIS, sumando ocho de ellos en la provincia de Las Palmas, con casos como el de Fuerteventura, con cuatro cuerpos sin coordinación y el de Gran Canaria, con tres.
Toda esta situación está generando una importante falta de prevención ante las emergencias en general y, más concretamente, en aquellas para las que estamos obligados a preparar mejor debido a los efectos del cambio climático.
Desde la FSC-CCOO se apuesta por una ley de que coordine todos esos ámbitos de la prevención y emergencia en general, logrando mayor efectividad y eficacia mediante formación y recursos homogéneos, así como el reconocimiento en el caso del ámbito forestal de la categoría de Bomberos y Bomberas. De esta manera, Canarias cumpliría con el Estatuto de Autonomía, el cual recoge que tiene las competencias de regular los servicios de prevención y extinción de incendios.
Prevención de riesgos e incorporación de las mujeres
En esta regulación que coordine todo el ámbito urbano, rural y forestal, se debe hacer una fuerte apuesta por la adopción de medidas en materia de prevención y riesgos laborales, que eviten los accidentes y las enfermedades profesionales, así como la incorporación de la mujer como bomberas, dado que, en la actualidad, no existen planes de igualdad que trabajen por la integración de la mujer y, además, no existe, en general, una idoneidad de las pruebas físicas con respeto a las labores que posteriormente desarrollan los y las profesionales de las emergencias.
FSC-CCOO ha iniciado los contactos para plantear todo este paquete de medidas al Gobierno de Canarias, él cuál se debe traducir en una ley de coordinación, tal como recoge el propio Estatuto de Autonomía de Canarias en su artículo 149, y que tome de ejemplo lo que ya se ha hecho en el marco de las policías de Canarias. Esta tarea debe acometerse de forma urgente para dar respuesta a las emergencias, los fenómenos adversos que acontecerán por el cambio climático, y los riesgos que puede padecer la ciudadanía canaria y los turistas que nos visitan.
