El Gobierno, la ULL y la ULPGC formalizan las bases de un plan que prevé elevar la aportación anual un 23,66 % respecto a 2026
El presidente defiende las universidades públicas como una de las prioridades del Gobierno para “generar más oportunidades, impulsar la investigación y favorecer que el talento encuentre su futuro en Canarias”
El acuerdo, fruto del trabajo iniciado por el Ejecutivo canario con las dos universidades en 2023, permitirá planificar la actividad universitaria durante cuatro años y vincula parte de los recursos a la mejora de la formación, la investigación y su contribución al desarrollo económico y social del archipiélago
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, que dirige Migdalia Machín, ha alcanzado un acuerdo con la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) sobre las bases de su financiación para el periodo 2027-2030. El plan de financiación contempla una aportación global de 1.346 millones de euros durante los cuatro años y establece una previsión de recursos que permitirá a ambas instituciones organizar su actividad con mayor estabilidad.
El acuerdo ha sido suscrito en el Parlamento de Canarias por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; la consejera Migdalia Machín; el rector de la ULL, Francisco Javier García Rodríguez, y el rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem. Con su firma, las instituciones formalizan el consenso alcanzado y se comprometen a impulsar la tramitación del instrumento de financiación hasta su aprobación definitiva por el Gobierno. Además, en el acto de la firma ha estado presente la presidenta del Consejo Social de la ULPGC, Ana Suárez y el presidente del Consejo Social de la ULL Francisco Vicente Almeida.
Fernando Clavijo destacó que “este acuerdo no es el final de nada, sino el principio de muchas cosas. Desde el inicio de la legislatura hemos tenido claro que nuestras universidades públicas deben ser un motor de generación de conocimiento y de transferencia de ese conocimiento a nuestro tejido económico, productivo y social. Hoy damos un paso fundamental para proporcionarles la tranquilidad y la estabilidad que necesitan para investigar, generar conocimiento y contribuir a que Canarias crezca más y mejor”.
El presidente agradeció especialmente la implicación de los rectores y de los consejos sociales de ambas universidades, cuyo papel consideró determinante para alcanzar el acuerdo. “No ha sido un camino fácil. Ha habido dificultades, escepticismo y momentos de incertidumbre, pero todos hemos mantenido firme el objetivo que compartíamos. Quiero agradecer a los rectores que hayan sido pacientes y exigentes, y a los consejos sociales su trabajo para hacer posible un acuerdo que dará estabilidad a nuestras universidades públicas durante los próximos cuatro años”, señaló.
La consejera Migdalia Machín explicó que el acuerdo culmina el trabajo iniciado en septiembre de 2023 con las universidades y sus consejos sociales, junto con los equipos de Universidades y Hacienda. «Hemos trabajado para que las necesidades de ambas instituciones tengan una respuesta económica concreta y unos criterios conocidos. Esa ha sido la prioridad desde el inicio de la legislatura», señaló.
Machín subrayó que «el plan de financiación permitirá comprobar cómo se traducen los recursos públicos en mejores resultados para el estudiantado y en una mayor contribución de las universidades a Canarias. El seguimiento anual nos dará información para corregir lo que sea necesario, con pleno respeto a la autonomía de cada institución».
Por su parte, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, subrayó que “hoy alcanzamos un acuerdo muy deseado por ambas partes que ayuda a construir el futuro de las universidades públicas canarias desde una perspectiva regional. ULPGC y ULL no competimos por los recursos, sino que vamos de la mano en el uso racional de los mismos. Es un acuerdo que permite planificar nuestra gestión en los próximos años, mediante un modelo de financiación plurianual que garantiza el funcionamiento estructural si bien aún debe terminar de definirse manteniendo un espíritu de diálogo y voluntad de fortalecimiento de nuestras universidades. Todo ello, con el fin de que se reconozcan las necesidades de crecimiento y el papel de las universidades públicas en la transformación de nuestro archipiélago. Quedan pendientes los fondos que recibiremos para dar respuesta a las necesidades de alojamiento de nuestros estudiantes con la construcción de nuevas residencias y viviendas, que representan una prioridad para nuestro sistema público universitario, así como de actualización de las infraestructuras docentes e investigadora”.
El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, apunto que “con la firma de este acuerdo, relativo a un instrumento de financiación para las universidades públicas canarias de cara al periodo 2027-2030, estamos dando un paso histórico, ya que avanzamos en la seguridad y previsibilidad financiera de ambas instituciones, mejorando así su capacidad para cumplir las importantes misiones que desempeñan en nuestra sociedad”. Asimismo, destacó que “hay que recordar que el último instrumento de financiación plurianual para las universidades canarias se correspondió con el contrato programa que cubría el periodo 2009-2013 y que derivó en un incumplimiento, casi inmediato, por parte del Gobierno de Canarias, en el marco de la crisis financiera originada en el año 2008. Por tanto, han transcurrido casi dos décadas en las que las universidades canarias han carecido de capacidad para planificar su futuro, más allá del siguiente ejercicio económico”.
García apuntó que “en el acuerdo que ahora firmamos se garantiza una financiación estructural basal para ambas universidades de cara a los próximos cuatro años. Queda pendiente ahora el trabajo de desplegar el instrumento y realizar el seguimiento de los compromisos financieros adquiridos, así como materializar la financiación singular y culminar el desarrollo y aplicación de la vinculada a objetivos”.
Los presidentes de los Consejos Sociales reconocieron la firma de este nuevo marco de financiación para las universidades públicas. Así, la responsable del Consejo Social de la ULPGC, Ana Suárez, apuntó que “este acuerdo es una apuesta decidida del Gobierno de Canarias por conocimiento y el talento como motores de transformación y de oportunidades para nuestra tierra”. Mientras que Francisco Almeida, presidente del Consejo Social de la ULL, subrayó que “hoy es un día de satisfacción” por materializar un acuerdo necesario para las universidades públicas canarias.
La programación económica prevé destinar 311,47 millones de euros en 2027, 335,82 millones en 2028, 344,82 millones en 2029 y 353,92 millones en 2030. Al término del periodo, la aportación anual será 67,72 millones superior a la de 2026, lo que representa un crecimiento del 23,66 %. Estas cuantías se concretarán en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio.
El plan de financiación responde a la necesidad de que las universidades puedan tomar decisiones con una perspectiva de varios años. Hasta ahora, sus aportaciones dependían fundamentalmente de las consignaciones de cada presupuesto anual. La nueva planificación ofrece una referencia para organizar las plantillas, programar la oferta académica y desarrollar proyectos científicos.
La financiación combina los recursos destinados al funcionamiento de las universidades con otros vinculados al cumplimiento de objetivos. Entre ellos figuran la reducción del abandono de los estudios, la ampliación de la formación a lo largo de la vida y el desarrollo de titulaciones que combinen el aprendizaje universitario con la formación en empresas. También se valorarán los resultados de investigación y su aplicación en la actividad económica y social de las islas.
Junto a esta financiación por objetivos, las universidades asumirán compromisos de mejora vinculados a la financiación estructural, que cubre su funcionamiento ordinario. Estos compromisos se concretarán en sus planes financieros, elaborados con la participación y aprobación de sus consejos sociales. Incluirán medidas para mejorar la organización y el uso de los recursos públicos, así como aumentar los ingresos propios y reducir progresivamente su dependencia financiera de la Comunidad Autónoma.
A partir de 2028, la programación incluye, además, hasta tres millones de euros anuales para infraestructuras tecnológicas, distribuidos por igual entre las dos universidades y vinculados al cumplimiento de objetivos. El documento recoge también la posibilidad de atender inversiones extraordinarias en los campus, cuya dotación dependerá de la disponibilidad y autorización de los instrumentos financieros correspondientes.
El seguimiento del acuerdo corresponderá a una comisión integrada por la Consejería, las universidades y consejos sociales. Cada institución académica deberá elaborar un plan financiero para el periodo y justificar anualmente los fondos recibidos. Asimismo, las conclusiones del estudio encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el gasto universitario servirán para orientar posibles mejoras del modelo.
