CC-UxGC denuncia que la paralización de la Ley de Políticas Sociales perjudica gravemente a los servicios prestados y merma su financiación

CC-UxGC denuncia que la paralización de la Ley de Políticas Sociales perjudica gravemente a los servicios prestados y merma su financiación

El portavoz del Grupo Municipal, Francis Candil, critica la inacción del Ayuntamiento, que está dejando de percibir, como mínimo, 9 millones de euros por parte del Gobierno regional para la atención social.

La diputada y portavoz de Derechos Sociales en el Parlamento de Canarias y secretaria ejecutiva de Derechos Sociales de Coalición Canaria, Cristina Valido, urge al Gobierno de Canarias a cumplir con la Ley, aportando los fondos necesarios e incrementando el personal destinado a esta área, que se sitúa en un trabajador por cada 20 mil habitantes, mientras que la ratio debería ser uno por cada tres mil habitantes.

El Grupo Municipal Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria denunció este viernes que la paralización de la puesta en marcha de la Ley de Políticas Sociales, aprobada en mayo de 2019 por unanimidad en el Parlamento de Canarias, está incidiendo directamente en la financiación de los Servicios Sociales municipales. Así lo comunicó este viernes el portavoz de CC-UxGC, Francis Candil, durante la rueda de prensa en la que estuvieron presentes el viceportavoz del Grupo Municipal, David Suárez, y la diputada y portavoz de Derechos Sociales en el Parlamento de Canarias y secretaria ejecutiva de Derechos Sociales de Coalición Canaria, Cristina Valido. Francis Candil explicó que, según esta Ley, los Servicios Sociales comunitarios de un Consistorio como Las Palmas de Gran Canaria tienen que estar financiados, como mínimo, en un 40% por el Gobierno de Canarias. “Esto se traduce en que de los 35 millones de euros de Servicios Sociales que tiene este Ayuntamiento, 14 millones deberían estar sufragados por el Ejecutivo autonómico. Sin embargo, la ficha financiera del Gobierno de Canarias tan solo asciende a 5 millones”, criticó Candil, quien añadió: “El Gobierno regional está hurtando a este Ayuntamiento nueve millones de euros como mínimo para los Servicios Sociales de esta ciudad y el alcalde no hace nada para evitarlo. Augusto Hidalgo debe ser más beligerante y exigir al Ejecutivo autonómico la financiación que le corresponde a la capital para prestar la atención que los servicios de emergencia se merecen”. Durante la rueda de prensa, el edil dio cuenta del número de trabajadores sociales que tiene el Ayuntamiento, que asciende a 128 para todos los servicios, incluyendo infancia, inclusión social, vivienda o atención comunitaria, entre otros. Candil lamentó que, de ellos, no llegue a medio centenar el número de trabajadores sociales de atención comunitaria, “cuando su ratio debería triplicarse para prestar esa primera valoración, que es la puerta de entrada de muchas personas que necesitan ayuda de esta Administración en Las Palmas de Gran Canaria”. Además, el portavoz de CC-UxGC insistió en no perder de vista el contexto socio-económico en el que está sumida la ciudad, con cerca de 50 mil parados, un 28% de la población, y recordó que las entidades que atienden las situaciones de vulnerabilidad en la capital han visto incrementada su actividad en un 72% en cuanto a la atención de comedores o ayudas de emergencia, entre otras, y se ven superadas en su capacidad de respuesta.

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