Vidina Cabrera presenta una moción para alertar de los “auténticos dramas familiares” que sufre este colectivo y sus familias, “chicos y chicas que sufren un retroceso en su desarrollo personal, emocional, educativo y social cuando cumplen 21 y quedan fuera del sistema educativo, sin plaza en los centros ocupacionales”.
María Fernández reclama un pacto social interadministrativo para dar respuesta a esta urgencia social. “Estamos junto a las familias y vamos a exigir incluso a nuestros compañeros en el Gobierno de Canarias que arrimen el hombro, así como al Cabildo de Gran Canaria que invierta hasta el último céntimo en plazas sociosanitarias en vez de devolverlo por no ejecutarlo”, y añadió: “Cada año que una persona con discapacidad está en lista de espera, retrocede en sus capacidades”
Ruth Santana asegura que la situación es insostenible pide que se les reconozca como emergencia social. Demanda soluciones inmediatas a sus problemas y afirma: “En el momento en el que termina el curso, a nuestros hijos se les para la vida social, la educativa y las rutinas. Una situación que se agrava para las personas con problemas de salud mental, porque eso es matarlos en vida”
La consejera y portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera, insta a la Corporación insular a que declare como urgencia social la situación de desamparo que viven las personas con discapacidad mayores de 21 años y que quedan fuera del sistema de educación. Así lo ha comunicado en la mañana de este miércoles en la que ha mantenido un encuentro con la portavoz de la plataforma ‘¿Y ahora, qué hacemos?’, Ruth Santana, y en el que ha participado también la secretaria de organización de Coalición Canaria en Gran Canaria, María Fernández.
Cabrera puso de relieve que “es urgente actuar ya, porque estos chicos y chicas sufren un retroceso en su desarrollo personal, emocional, educativo y social una vez cumplen los 21 años si no obtienen una plaza en centros ocupacionales”. En este sentido, señaló que según los datos proporcionados por la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, hay en torno a unas 250 personas en lista de espera para acceder a una plaza sociosanitaria, “lista que va en aumento porque cada año hay más chicos que cumplen los 21 años y la administración no les da respuesta ni cobertura a su problemática”.
La portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo insular exige a la Institución una mejor planificación de las plazas necesarias para las personas que quedan fuera del sistema, y denunció también que el Cabildo decida derivar a muchas de estas personas a centros de día cuando en sus informes especifica que debe acudir a un centro ocupacional. “En los centros ocupacionales estos chicos continúan con su formación en habilidades educativas y sociales, se mantienen en activo y evolucionan. Un desarrollo que no se produce en los centros de día, por lo tanto no entendemos cuál es el motivo por el que el Cabildo toma esta decisión”, apuntó, y añadió: “
Además, Vidina Cabrera puso el acento en los “auténticos dramas familiares” que soportan las familias, con algún miembro, normalmente mujeres, que se quedan en casa para prestar los cuidados sin ser profesionales. “Esta situación trae consigo enfermedades mentales para las propias cuidadoras, y así nos lo dicen las familias afectadas. ¿Quién cuida de ellas? Nadie. Y se ven cuadros de depresión y ansiedad, además de que se agravan las enfermedades que ya sufrían”.
Por su parte, María Fernández reclamó un pacto social interadministrativo para dar respuesta a los padres y madres que con hijos en esta situación, y dijo: “Esto es una urgencia social y vamos a exigir incluso a nuestros compañeros en el Gobierno de Canarias que arrimen el hombro, porque Coalición Canaria está comprometida con estas familias”.
Así, propuso ampliar la edad de educación “mientras llega una solución definitiva” y demandó al Cabildo de Gran Canaria, que es quien tiene las competencias sobre las plazas sociosanitarias, que “ponga todos los recursos que tiene a su alcance, bien sea concertando plazas con el tercer sector o creando plazas nuevas. Tiene partidas presupuestarias para tal fin, porque hemos conocido que tiene que devolver 6 millones de euros al Gobierno de Canarias del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias por no haber ejecutado el dinero”.
La portavoz de la plataforma ‘¿Y ahora, qué hacemos?’, Ruth Santana, exigió que se les reconozca como “emergencia social” y pidió soluciones inmediatas “porque nuestros hijos padecen en cuestión de salud y, con ellos, las familias”. Además señaló que “nuestros hijos tienen los mismos derechos que amparan al resto de los jóvenes y, sin embargo, a los 21 años se ven obligados a quedarse en casa totalmente desamparados”.
Santana denunció que actualmente no hay plazas en ningún centro, los recursos no llegan a tiempo, devuelven partidas económicas y no hay comunicación entre las instituciones. “Esto es insostenible. En el momento en el que termina el curso, a nuestros hijos se les para la vida social, la educativa y las rutinas. Una situación que se agrava para las personas con problemas de salud mental, porque eso es matarlos en vida”, afirmó.
