La portavoz socialista lamenta que el área dirigida por Coalición Canaria haya pasado de respetar a los empleados públicos a intimidarlos, y advierte de los graves delitos denunciados por el Jefe de Disciplina Urbanística
La portavoz municipal del PSOE en San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, ha valorado la extrema gravedad de la querella criminal interpuesta por el Jefe del Servicio de Disciplina Urbanística contra la concejal de Urbanismo, Davinia Ramírez. Para Narváez, este documento judicial confirma el modus operandi de Coalición Canaria al frente de un área tan sensible.
La portavoz del PSOE ha señalado que los hechos denunciados encajan con las reiteradas advertencias que su grupo ha venido realizando en los últimos meses. “Ya habíamos denunciado públicamente que Alejandro Marichal actuaba como un auténtico kamikaze de la política municipal, yendo sistemáticamente en contra de los informes técnicos. Ahora entendemos perfectamente el motivo: su objetivo era instaurar una política de privilegios para aquellos que son amigos o conocidos”, sentencia Narváez.
Según la información que ha trascendido de la denuncia, los responsables políticos habrían retenido expedientes de forma arbitraria, paralizando sanciones e impidiendo el normal funcionamiento de la disciplina urbanística. En este sentido, la portavoz socialista ha querido romper una lanza en favor de los trabajadores municipales, recordando que San Bartolomé de Tirajana “siempre ha sido un Ayuntamiento donde se respetaban los informes y el trabajo riguroso de los funcionarios públicos”.
Por el contrario, la querella detalla ahora un escenario alarmante de presiones, coacciones y represalias hacia aquellos empleados públicos que se niegan a acatar órdenes contrarias a la ley. “Es inaceptable que se castigue a quien simplemente hace su trabajo de forma honesta para proteger los intereses generales frente a los particulares”, lamenta la edil.
En esta primera valoración del escándalo, Conchi Narváez ha querido poner el foco en la máxima autoridad municipal, exigiendo una respuesta institucional a la altura de los graves delitos que se investigan. “Queremos saber qué acciones va a tomar el alcalde, Marco Aurelio Pérez, ante unos hechos de esta magnitud. No puede mantener el silencio cuando un alto funcionario denuncia presiones y corrupción en su propio gobierno”, exige Narváez.
