La mejora de infraestructuras es el objetivo central de los planes, cuya financiación tiene en cuenta la población, pero también compensa a los municipios con menos habitantes para frenar su despoblamiento.
Desde el año 1997, la isla de Gran Canaria cuenta con un impulso coordinado entre ayuntamientos y Cabildo que ha permitido, a través de los Planes de Cooperación, desarrollar infraestructuras que demandaban los municipios y cuyo coste las hacía inasumibles. La política insular, de acuerdo con los ayuntamientos, ha sido la de impulsar y equilibrar los equipamientos locales creando un modelo de cooperación que respaldan las administraciones locales y los partidos políticos por los excelentes resultados conseguidos. El concepto fue iniciado por el entonces consejero Carmelo Ramírez, quien desde 2015 volvió a gestionar estos planes hasta el actual mandato.
Estos esfuerzos son solidarios y ecuánimes, para que ninguna zona de la isla quede rezagada con respecto al resto. Avanzar en una misma dirección y además hacerlo de la mano con el consenso de las distintas administraciones, son las premisas de estos proyectos. Cada municipio, dentro de sus particularidades y contando con su opinión, ha mejorado las infraestructuras en general por medio de esta colaboración, priorizando desde la Corporación las necesidades de sus habitantes. Desde que se iniciaron los primeros convenios de los Planes de Cooperación hasta el día de hoy, han pasado 26 años en los que se han invertido más de 500 millones de euros.
En primer plan de coordinación entre Cabildo y Ayuntamientos es el Plan Extraordinario de Inversiones (PEI), bajo el mandato de José Macías como presidente insular. La duración del mismo se acordó para el periodo 1997-1999 con los objetivos fijados en el nuevo siglo. Aquel primer programa fue dotado con un presupuesto de 90 millones de euros (15.000 millones de pesetas en aquellos momentos) para infraestructuras y servicios. Además, dentro de ese presupuesto también se reservó una partida para la construcción de obras emblemáticas para el municipio. El Cabildo asumió el 75% de la financiación y los ayuntamientos el 25%, respectivamente.
En el periodo 2000-2003 se lleva a cabo otro plan de cooperación, denominado Plan de Actuación del Cabildo con los Ayuntamientos (PACA). Siguiendo la estructura y finalidades del PEI, se produce un aumento de la inversión, que alcanza hasta los 96 millones de euros. Una de las diferencias respecto a planes anteriores radicaba en que había una parte del presupuesto destinada a cuestiones más sociales. En el 2004-2005 se lleva a cabo el Plan Insular de Actuaciones Municipales (PIAM). Tiene características similares a los planes anteriores, aunque en este la caso la financiación por parte del Cabildo crece. En 2004, el Cabildo asume un 80% y en 2005 sube hasta un 85% con los ayuntamientos aportando el resto de la financiación en sendos años.
Durante el trienio 2005-2007, se aplica el Programa de Inversiones en Infraestructuras y Equipamientos Locales (PRI). El importe del Plan se acerca a los 58 millones de euros distribuidos en tres años, en función de las carencias detectadas en planes anteriores. En esta ocasión el Cabildo asumió el 100% de la financiación y contrató la mayoría de obras para una mejor operatividad. Del 2008 a 2011 y debido a los recortes presupuestarios que provocó la fuerte crisis económica mundial, se reestructura el presupuesto en forma de Plan de Cooperación con los Ayuntamientos (PCA). El principal objetivo es que cada ciudadano, independiente del municipio en el que viva, tenga el mismo nivel de servicios públicos básicos. La entidad insular asumió el total de la inversión repartiéndola equitativamente. El 25% de la inversión se repartió por igual a los 21 municipios mientras que el 75% se dividió proporcionalmente según la población de cada Ayuntamiento. Esta fórmula permite a los municipios con menor población afrontar obras importantes para su comunidad, con la finalidad de frenar el despoblamiento que se ha constatado desde hace décadas en algunas zonas de cumbre y medianías.
Del 2012 al 2015 se prosigue en la línea continuista del PCA, con el consenso general de los municipios y el Cabildo, contando con un nuevo presupuesto de 40 millones de euros a repartir entre los 4 años. El PCA continúa aplicándose de 2016-2019 y 2020-2023 con 60 millones en sendos cuatrienios.
A lo largo de los años estos planes han ido incorporando modificaciones, adaptándose a las nuevas necesidades. Como ejemplo, para el periodo 2020-2023 tenemos las actuaciones destinadas a la utilización de fuentes de energía renovable, eficiencia energética o cumplimiento de objetivos recogidos en la Agenda 2030. Las nuevas tecnologías o los peligros del cambio climático han ido conformando poco a poco los nuevos horizontes.
