- La nueva norma actualiza la regulación vigente desde 2001, adapta la planificación a los efectos del cambio climático y refuerza la coordinación entre administraciones clave esencial para la lucha contra incendios
- El decreto redefine y amplía las épocas de peligro por incendios forestales, regula las zonas de interfaz urbano-forestal y crea el Comité de Lucha contra Incendios Forestales de Canarias
El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes 1 de diciembre el decreto por el que se actualiza la normativa de prevención y extinción de incendios forestales en Canarias. La nueva disposición, impulsada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía que dirige Mariano H. Zapata, sustituye al decreto vigente desde 2001 y adapta la regulación a la realidad actual de los montes canarios, a la evolución del riesgo de incendios y al marco normativo estatal y autonómico en materia de protección civil, medio ambiente y uso de los montes.
El nuevo decreto regula de forma integral la prevención y extinción de incendios forestales, así como la gestión de las zonas de interfaz urbano-forestal, mediante una planificación coordinada con los cabildos insulares, los ayuntamientos y la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en el marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).
Entre las principales novedades, la norma redefine las épocas de peligro por incendios forestales en el Archipiélago, estableciendo tres periodos y ampliando la época de peligro alto. Peligro Alto, del 1 de junio al 30 de septiembre, Peligro Medio, del 1 al 31 de mayo y del 1 al 31 de octubre y Peligro Bajo, del 1 de noviembre al 30 de abril. Estas épocas pueden modificarse según las previsiones meteorológicas
Además, con este nuevo decreto se revisan, actualizan y desarrollan, de acuerdo con la normativa vigente, las medidas preventivas, el uso del fuego en fincas agrícolas y forestales y las correspondientes limitaciones, prohibiciones y autorizaciones.
También se establece la necesidad de definir los puntos estratégicos de gestión para la prevención de incendios forestales y las Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZARI), y se incorporan apartados específicos sobre la investigación de causas y la estadística de los incendios.
En esta misma línea, se crea el Comité de Lucha contra Incendios Forestales de Canarias como órgano técnico, consultivo y de asesoramiento para la coordinación interadministrativa en materia de prevención, detección y extinción, y se revisa, actualiza y desarrolla la figura de la Dirección de Extinción y la estructura organizativa para la gestión de un incendio forestal.
La norma incorpora, además, un nuevo capítulo relativo a las zonas de interfaz urbano-forestal, que regula su clasificación en función del riesgo, la zonificación y la ejecución de actuaciones en estas áreas, y añade aspectos específicos sobre la restauración forestal y medioambiental de las zonas afectadas por grandes incendios, agilizando la intervención del Gobierno de Canarias.
Asimismo, refuerza la apuesta por la planificación estratégica tanto en la prevención como en la extinción, integrando los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, e incorporando los planes de defensa insular y los planes de defensa de interfaz, en los que los cabildos insulares y los ayuntamientos se configuran como actores principales por su conocimiento de las singularidades de cada territorio.
Avances en materia forestal: Plan Forestal y Ley de Montes
Paralelamente a esta acción, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, trabaja también en otros dos ejes estratégicos en materia forestal, con la Ley de Montes y el Plan Forestal.
Sobre la futura Ley de Montes, ya ha iniciado los trámites y se cumplimentará y desarrollará en base a la ley forestal nacional, para la que se estima contar con un primer borrador en esta legislatura. Se trata de un texto basado en la protección de las especificidades de las islas en materia forestal y ambiental, adaptados a los nuevos retos de cambio climático e incendios forestales.
En el caso Plan Forestal, tendrá una duración de 21 años y sustituirá al anterior Plan, vigente desde 1999. Su objetivo será el de proteger, potenciar y poner en valor la superficie forestal de las islas. Dicho Plan, que ya ha sido ratificado por la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental (CAEA), será además reforzado en el ámbito legislativo, tras la aprobación de esta Ley de Montes.
Canarias amplía en 36,7 millones la partida para la atención de los menores migrantes no acompañados
- El Gobierno de Canarias ha destinado este ejercicio 155,1 millones de euros al mantenimiento de los dispositivos de acogida de los niños y niñas que han llegado solos a las costas del archipiélago
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la ampliación del crédito de la aplicación presupuestaria de Gastos para la atención a personas menores migrantes no acompañados con una partida extra de 36.749.189,08 euros.
Con ese incremento, el Gobierno de Canarias, ha destinado un total de 155 millones de euros este año a la atención y mantenimiento de los menores, los Dispositivos de Atención Inmediata a Personas Menores Migrantes No Acompañados bajo tutela legal del Ejecutivo canario y otros gastos derivados de traslados de menores a diferentes recursos ubicados en distintos puntos de la geografía peninsular, según informó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado al Consejo de Gobierno.
La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia inició 2025 con una partida de 5,6 millones de euros de fondos propios, destinada a la atención a personas menores migrantes, a lo que se han sumado una subvención del Ministerio de Juventud e Infancia de 50 millones de euros y otra ampliación de crédito de fondos propios de 49.311.527,02 euros.
A estas partidas se sumaron otros 13,5 millones de euros, a través del Ministerio de Infancia, con lo que, en global, las partidas destinadas a la atención y mantenimiento de la red de dispositivos para menores migrantes no acompañados ha ascendido, hasta la fecha, a más de 155,1 millones de euros, incluyendo la cantidad de 36,7 millones de euros aprobados este lunes en Consejo de Gobierno.
Hay que recordar que el 1 de agosto de 2023 se declaró de emergencia social y atención prioritaria la situación de los menores extranjeros no acompañados que permanecen en los recursos alojativos designados por el Gobierno de Canarias. En septiembre de 2024, y a propuesta de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, se reiteró la declaración de emergencia migratoria en nuestra Comunidad Autónoma en orden a viabilizar una respuesta adecuada a una situación claramente excepcional de emergencia migratoria sobrevenida o agravada, reflejada en la situación de desbordamiento de los recursos de que dispone la Comunidad Autónoma de Canarias para atender a los menores inmigrantes.
Con fecha 24 de febrero de 2025, dada la persistencia y agravamiento de la situación de emergencia, el Gobierno, a propuesta de la Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, acuerda ampliar la declaración de emergencia agravada en materia de acogida de menores migrantes no acompañados, con el fin de garantizar el cumplimiento del marco normativo autonómico, nacional e internacional en materia de protección de la infancia, garantizado una respuesta adecuada a la crisis del sistema de acogida de Canarias.
