El Gobierno aprueba el traspaso del CECOES 112 a Gesplan para reforzar el sistema de emergencias de Canarias

  • La medida, aprobada hoy a propuesta de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, forma parte del proceso de reestructuración y fortalecimiento del modelo de protección civil
  • La reorganización se hará efectiva con la entrada en vigor del nuevo encargo de gestión de estos servicios y garantiza la continuidad de los servicios y la subrogación del personal

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, la reordenación del sector público instrumental para trasladar la gestión de los servicios de coordinación de emergencias y seguridad y de atención específica a mujeres víctimas de violencia de género desde Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) a Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (GESPLAN).

La decisión forma parte del proceso de reestructuración y fortalecimiento del sistema de emergencias impulsado por el Gobierno de Canarias, que busca avanzar hacia un modelo de coordinación operativa más especializado, moderno y adaptado a los nuevos desafíos en materia de protección civil y seguridad.

Con esta reorganización, GESPLAN asumirá la gestión del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, así como la atención a mujeres víctimas de violencia de género que se desarrolla a través de las salas operativas del centro. El cambio se hará efectivo con la entrada en vigor del nuevo encargo de gestión de estos servicios a GESPLAN por parte de la Administración autonómica. Por su parte, GSC, que hasta ahora gestionaba ambos servicios, concentrará su actividad en el ámbito sanitario y quedará adscrita exclusivamente a la Consejería de Sanidad.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, señaló que “esta decisión es un paso importante dentro del proceso de fortalecimiento del sistema de emergencias de Canarias. Queremos dotarnos de una estructura más especializada, con una dirección funcional clara y plenamente vinculada al departamento que tiene las competencias en materia de protección civil y emergencias”.

Miranda añadió que “el sistema de emergencias ha evolucionado mucho en los últimos años y tiene que seguir adaptándose a una realidad cada vez más compleja, con nuevos riesgos y mayores exigencias de coordinación. Necesitamos reforzar nuestras capacidades operativas, tecnológicas y de planificación para anticiparnos mejor y ofrecer una respuesta más eficaz ante cualquier emergencia”.

El cambio responde a la necesidad de separar las actividades sanitarias de las relacionadas con la coordinación de emergencias y la seguridad ciudadana, de manera que estas últimas queden integradas en una entidad pública vinculada directamente al departamento competente en materia de emergencias. GESPLAN, adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, reúne las condiciones y capacidades necesarias para asumir esta responsabilidad.

Un modelo adaptado a los nuevos desafíos

La evolución del territorio, el crecimiento de la población y de la actividad turística, la aparición de nuevos riesgos y la mayor frecuencia e intensidad de determinados fenómenos meteorológicos adversos hacen necesario seguir fortaleciendo los instrumentos de prevención, planificación y respuesta ante las emergencias.

A ello se suman los avances tecnológicos y las nuevas herramientas de predicción, comunicación y coordinación, que requieren una mayor integración de recursos y nuevas capacidades técnicas y formativas.

En este contexto, el Gobierno considera necesario avanzar hacia un modelo de protección civil más moderno, que refuerce el papel del CECOES 1-1-2 como centro de coordinación operativa y permita mejorar la eficacia y la optimización de los recursos públicos.

Continuidad del servicio y garantías para el personal

El traspaso se realizará como una unidad económica autónoma, lo que implica que GESPLAN sucederá a GSC en los derechos y obligaciones vinculados a los servicios transferidos. La operación contempla la subrogación del personal adscrito a estas actividades, así como la transferencia de los medios materiales, contratos y recursos necesarios para su prestación.

El acuerdo establece, además, que ambas entidades deberán desarrollar un proceso ordenado de transición. De esta forma, se garantiza que el cambio de entidad gestora no afecte al funcionamiento del CECOES 1-1-2 ni a la atención que se presta desde sus salas operativas.

Con esta decisión, el Gobierno avanza en la racionalización de su sector público instrumental y en el fortalecimiento de la estructura organizativa desde la que se prestan unos servicios esenciales para la seguridad y la protección de la ciudadanía.

El Gobierno aprueba un decreto ley para agilizar la cobertura de puestos públicos y reforzar la movilidad del personal funcionario

  • La norma, que modifica la Ley 2/2025, mejora la gestión de los recursos humanos, ordena las listas de empleo y garantiza una respuesta más ágil a las necesidades de personal de la Administración autonómica

El Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley de modificación de la Ley 2/2025, de 26 de junio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración autonómica. La norma introduce cambios destinados a agilizar la cobertura de puestos de trabajo, reforzar la movilidad del personal funcionario de carrera, mejorar los procedimientos de selección, nombramiento y gestión del personal temporal y el desarrollo de la carrera profesional horizontal.

Este decreto ley da cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno de Canarias con la Administración General del Estado en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación, tras las discrepancias competenciales planteadas. Al mismo tiempo, incorpora las modificaciones imprescindibles para mantener la coherencia interna del ordenamiento autonómico en materia de empleo público.

Uno de los principales cambios es el impulso de la movilidad temporal del personal funcionario de carrera, que sustituye a la anterior denominación de promoción interna temporal.

Esta figura permitirá aprovechar la experiencia y los conocimientos del personal funcionario para atender necesidades temporales, urgentes e inaplazables, mediante el desempeño de puestos vacantes de otros cuerpos, escalas o especialidades, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

La reforma establece que, cuando un puesto vacante no pueda cubrirse mediante comisión de servicios, se acudirá al mecanismo de movilidad temporal antes de recurrir al nombramiento de personal interino. También regula las condiciones de participación, los criterios de selección, los plazos de solicitud, las retribuciones y las causas de cese.

Con ello, se refuerza el aprovechamiento de los recursos humanos existentes en la Administración y se establece una vía adicional para atender las necesidades de los servicios públicos.

Listas de empleo

El decreto ley introduce cambios importantes en la configuración y gestión de las listas de empleo para el nombramiento de personal funcionario interino.

Las listas ordinarias se organizarán en dos bloques. El primero estará integrado por las personas que hayan participado en el proceso selectivo del que deriva la lista y reúnan los requisitos establecidos. El segundo incorporará a personas que formen parte de la lista ordinaria inmediatamente anterior del mismo cuerpo, escala, especialidad o agrupación profesional y que no hayan participado en el nuevo proceso o no cumplan las condiciones para integrarse en el primer bloque.

La norma establece también plazos para la elaboración y aprobación de estas listas: su elaboración deberá iniciarse en los tres meses siguientes a la finalización del proceso selectivo y deberán aprobarse en un plazo máximo de nueve meses.

Asimismo, se refuerzan los requisitos para integrarse en las listas ordinarias, trasladando la comprobación de la idoneidad de las personas aspirantes al propio proceso selectivo y a su incorporación a las listas, en lugar de dejar esa valoración para el momento del nombramiento mediante un período de prueba.

El decreto ley contempla además listas específicas y adicionales para responder a necesidades concretas de personal, así como listas provisionales que podrán utilizarse una vez publicadas las calificaciones definitivas de los ejercicios de un proceso selectivo.

Para aportar mayor claridad y seguridad jurídica, se establece un orden de prelación entre las distintas listas: primero las ordinarias, después las específicas, a continuación, las adicionales y, por último, las provisionales.

Nuevas listas especializadas

La reforma crea listas especiales para atender las necesidades de personal de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Canarias y de los Institutos de Formación Profesional Marítimo-Pesquera y las Escuelas de Capacitación Agraria.

Estas listas permitirán seleccionar a personas con formación y experiencia vinculadas específicamente a las funciones que deben desempeñar. En el ámbito de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, podrán constituirse para personal funcionario y laboral, mientras que en los centros de formación marítimo-pesquera y las escuelas de capacitación agraria se prevén para personal funcionario.

Las listas tendrán carácter preferente respecto de las demás listas de empleo y se constituirán mediante concurso de méritos, valorando la formación académica y la experiencia profesional relacionada con cada ámbito especializado.

En el caso del personal funcionario de carrera que imparta formación reglada en los centros dependientes del departamento competente en materia de sector primario, se establece un régimen especial de toma de posesión que permitirá diferir los efectos de esta hasta el inicio del siguiente curso escolar, cuando sea necesario garantizar la continuidad de la actividad lectiva. El período comprendido entre la toma de posesión y el inicio de sus efectos computará a efectos de servicio activo, antigüedad, trienios y méritos.

Procedimientos

El decreto ley incorpora medidas para simplificar y agilizar los procedimientos de llamamiento, adjudicación y nombramiento de personal interino. Entre otras cuestiones, regula los plazos de respuesta de las personas candidatas, la adjudicación provisional y definitiva de los puestos y la coordinación entre los órganos gestores de las listas y los centros directivos que necesitan cubrir las vacantes.

También clarifica las competencias de las secretarías generales técnicas y de los órganos equivalentes en materia de nombramiento, toma de posesión, modificación, prórroga y cese del personal funcionario interino, reforzando la gestión de los recursos humanos desde los propios departamentos.

En los puestos de libre designación, se establecen condiciones específicas para acudir al nombramiento de personal interino, reforzando la necesidad de intentar previamente su cobertura mediante los mecanismos de provisión y movilidad previstos en la normativa.

La norma incorpora otras disposiciones dirigidas a mejorar la organización y gestión de los recursos humanos de la Administración autonómica como la posibilidad de incrementar el número de plazas convocadas mediante el acrecimiento entre turnos de acceso, tanto entre el turno libre y el de promoción interna como en sentido inverso, incluso en procesos correspondientes a distintas ofertas de empleo público acumuladas. En este caso, deberá respetar la tasa de reposición de efectivos, el coste total de las ofertas y las reservas de plazas para personas con discapacidad.

Además, se fija un plazo máximo de cuatro meses para resolver y notificar los procedimientos de compatibilidad, con silencio administrativo desestimatorio, y se crea un Registro de órganos de representación del personal funcionario, estatutario y laboral. Este registro permitirá centralizar la información sobre órganos de representación, secciones sindicales, integrantes, delegados sindicales, créditos horarios y liberaciones sindicales.

El decreto ley incluye modificaciones de otras normas autonómicas relacionadas con la función pública, la carrera profesional horizontal, la planificación de recursos humanos y la organización de determinados ámbitos de la Administración.

Una vez publicado en el Boletín Oficial de Canarias, el decreto ley será comunicado al Parlamento de Canarias a efectos de su convalidación.

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