El PP emprenderá acciones legales para defender el reparto de alimentos a las familias necesitadas en los locales sociales municipales

El PP emprenderá acciones legales para defender el reparto de alimentos a las familias necesitadas en los locales sociales municipales
  • Luzardo: “El autoproclamado gobierno social formado por PSOE-Podemos-NC ha alcanzado unos niveles de despotismo nunca vistos antes”

El Partido Popular (PP) en Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado que emprenderá acciones legales para defender el reparto de alimentos a las familias más necesitadas en locales de titularidad municipal, tras conocerse que el grupo de gobierno (PSOE, Podemos y NC) ha remitido una carta a una entidad de reparto en Zárate dándole 10 días “para el desalojo de los alimentos depositados”, según recoge el texto que firma el concejal de Participación Ciudadana, Prisco Alfonso Navarro.

“No es la primera entidad de reparto que tiene que abandonar su local por exigencia municipal”, explica la portavoz popular, Pepa Luzardo, quien anima a todas las entidades de reparto y colectivos sociales que están recibiendo escritos de amenazas del PSOE para dejar de usar los locales sociales municipales para este fin “a que defiendan su derecho de uso de esos emplazamientos públicos”, ofreciéndoles “todo el apoyo legal que necesiten para ello”.

Luzardo advierte de que “si se vuelve a obligar a colectivos sociales a realizar el reparto de alimentos en plena calle o no se permite guardar los alimentos y organizarlos en los paquetes de reparto en los locales municipales, acudirán a la justicia”, ya que aclara, “los locales sociales municipales no son del Partido Socialista ni de Podemos, sino propiedad de todos los ciudadanos”.

Por ello, la edil del PP destaca que no puede haber mejor uso social de esos locales que “precisamente dignificar las condiciones de reparto de alimentos a las familias más necesitadas de los barrios y mejorar las condiciones de la labor altruista y desinteresada que decenas de entidades sociales de reparto de alimentos realizan por toda la ciudad”.

“El ‘autoproclamado’ gobierno social formado por PSOE-Podemos-NC ha alcanzado unos niveles de despotismo nunca vistos antes. Hidalgo, Doreste y Quevedo deben pensar que éste es su cortijo particular y que las propiedades municipales son de uso exclusivo de ellos y sus amigos, algo completamente impropio de una democracia asentada y de una gobernanza plural y transparente”.

El maltrato socialista a todo lo que representa el Banco de Alimentos

El PP recuerda que prohibir el uso de locales sociales municipales a colectivos que ayudan a los más vulnerables es “impresentable” y que ver a estos colectivos teniendo que hacer el reparto de esos alimentos en plena calle o en las plazas de los barrios “es una imagen que debe quedar siempre en la retina de cualquier simpatizante del Partido Socialista en esta capital, para recordar siempre la línea roja que sus gobernantes nunca debieron sobrepasar”.

La concejal popular lamenta que no sólo llevan años prometiendo que el Ayuntamiento iba a ayudar a estas entidades de reparto con los costes del transporte de los alimentos desde las naves centrales de distribución del Banco de Alimentos a los distintos barrios, algo que no se ha cumplido, sino que no contento con ello, “ahora también se les prohíbe hacer uso de los inmuebles públicos para guardar, organizar y distribuir los alimentos que cada familia necesita”.

Este “desprecio” a estos colectivos por parte del grupo de gobierno es “mayúsculo”, a juicio del PP, que destaca que los alimentos recibidos por el banco de Alimentos deben estar a buen recaudo, en espacios adecuados, hay que organizarlos y preparar cada paquete de forma equilibrada en función de las familias a las que atender.

“Esto requiere de unas condiciones que los locales municipales llevan dispensando un montón de años, pero ahora el PSOE decide que no puede hacerse sin fundamentación ni argumentación alguna. Sumemos a todo esto que la aportación económica del Ayuntamiento al banco de Alimentos es de unos impresentables 20.000 euros al año, en plena crisis social causada por el Covid, cantidad que debería sonrojar de forma permanente al alcalde”, concluye.

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