- En los próximos días registrarán una solicitud para aclarar las repercusiones económicas de la decisión del gobierno municipal de renunciar a la gestión de este recurso destinado a las mujeres, hijos e hijas víctimas de violencia de género.
La decisión injustificable del gobierno local de desentenderse de la gestión de la casa de acogida tras veinte años de trabajo ininterrumpido con mujeres, hijos e hijas víctimas de violencia de género ha provocado una ola de indignación entre la ciudadanía del municipio después de la denuncia pública de esta actuación por parte de los y las socialistas del municipio. Más aun, tras las manifestaciones de la concejala del área en un medio de comunicación donde el gobierno municipal se atribuye y reconoce la decisión basándose en “un cambio de modelo de gestión”.
A través de las declaraciones de la propia concejala hemos podido saber que en el momento del cierre de este servicio al menos una mujer se encontraba viviendo en esta casa de acogida, siendo desalojada y trasladada a otro recurso. La intervención de la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria ha sido fundamental para salvar la situación producida por la renuncia del consistorio, garantizando el derecho de la usuaria trasladada y con la puesta en marcha de otra casa de acogida en el municipio. Razón por la que a partir de enero, cuando el órgano insular asuma la gestión de la casa de acogida que el gobierno municipal cerró, serán dos los recursos que el Cabildo de Gran Canaria contará en Santa Lucía de Tirajana.
En los presupuestos aprobados para el presente ejercicio económico por el gobierno local tenían previsto el ingreso a través de transferencias corrientes para la prestación de este servicio un total de casi 245.000 euros. De los que desde el PSOE de Santa Lucía hemos podido constatar a través de la resolución de 26 de julio de 2022 de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana poco más de 89.000 euros del Pacto de Estado contra la violencia de género para el ejercicio 2.022.
Además desde la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria también se contribuye mediante subvenciones al mantenimiento no sólo de la casa de acogida sino también de otros gastos de funcionamiento del área de igualdad municipal. Entendemos, por lo tanto, que el total de las subvenciones destinadas debe rondar la previsión descrita en el presupuesto municipal cercana a los 245.000 euros. Cantidad que por otro lado se asemeja bastante a lo previsto en los gastos referentes a personal adscrito a la casa de acogida de manera subvencionada tal y como especifica el capítulo I del presupuesto y que ronda los 244.000 euros. Al parecer según se desprende de las manifestaciones de la concejala, el personal de la casa de acogida continuará desempeñando sus funciones en el área de igualdad, lo que supone un impacto económico en las cuentas municipales.
La renuncia del Ayuntamiento de Santa Lucía a la prestación de este servicio podría suponer la devolución de parte de estas subvenciones por incumplir con la realización de los fines para los que fueron otorgadas de manera proporcional al tiempo que resta hasta la finalización del año. Si tenemos en cuenta que el cierre se produjo el pasado 31 de julio, viene a suponer unos cinco meses. Casi la mitad de las subvenciones concedidas.
Lo triste de esta situación es que los fondos prácticamente con total seguridad debido a los trámites administrativos y dada las alturas del año en las que estamos pasen a engrosar los remanentes de las administraciones que confiaron en el consistorio estas ayudas. Y por tanto, no llegando a las beneficiarias para quienes fueron consignados estos fondos.
Desde el PSOE de Santa Lucía estudiaremos cuanta documentación sea necesaria para esclarecer esta situación. El líder de la oposición, Julio Ojeda, considera “una irresponsabilidad esta decisión que pone de manifiesto la improvisación con la que se gestiona este ayuntamiento, la falta de compromiso con quienes necesitan ayuda y de rigor en la administración de los fondos públicos”.
