Tribunal Superior de Justicia de Canarias reprocha a Puertos Canarios que, tras ganar en primera instancia defendiendo el rechazo a la prórroga solicitada por Puerto Rico S.A. sobre el Puerto Deportivo de Puerto Rico, atacara después la misma sentencia que le daba la razón.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) afea a Puertos Canarios haberse apartado de la posición que venía manteniendo en el litigio por la prórroga de la concesión del Puerto Deportivo de Puerto Rico, una actuación que llega a calificar de “insólita”. Asimismo, reconoce el derecho del Ayuntamiento de Mogán a intervenir en una decisión que afecta directamente al futuro del puerto.
La resolución analiza los recursos presentados tras la sentencia de primera instancia y dedica varios apartados a la posición adoptada por Puertos Canarios una vez el asunto llegó al TSJC. Los magistrados recuerdan que, durante el procedimiento, el ente público autonómico había defendido la legalidad de su actuación administrativa y se había opuesto a las pretensiones planteadas por Puerto Rico S.A. Sin embargo, posteriormente cuestionó determinados extremos de una resolución que, según señala la propia Sala, le resultaba favorable.
Es precisamente ese cambio de posición el que centra las críticas del tribunal. La sentencia recuerda que el papel de Puertos Canarios debía ser la defensa de la resolución administrativa dictada por el propio organismo y de los argumentos sostenidos durante toda la tramitación del expediente. De hecho, el fallo recoge expresamente que la actuación de Puertos Canarios suponía “atacar un pronunciamiento que le es objetivamente favorable y pedir un resultado incompatible con la postura procesal sostenida en la instancia”.
La Sala insiste, además, en que una administración pública debe actuar de forma coherente con los actos y argumentos que ha mantenido a lo largo del procedimiento. Por ello, concluye de forma contundente que “esto es lo que no ha hecho en esta alzada la entidad pública Puertos Canarios”.
La dureza del pronunciamiento queda reflejada en otro de los pasajes de la resolución, cuando los magistrados afirman que “lo que acabamos de señalar bastaría para dejar zanjada esta insólita cuestión”, una expresión especialmente contundente que evidencia el rechazo de la Sala a la actuación procesal de Puertos Canarios.
Para el Ayuntamiento de Mogán, este pronunciamiento resulta especialmente significativo, ya que el tribunal considera necesario recordar a Puertos Canarios cuál debía ser su posición dentro del litigio y censura su intento de obtener un resultado incompatible con la postura que había mantenido hasta entonces.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, considera que la actuación descrita por el TSJC resulta difícil de entender. “Esos vaivenes y esas contradicciones son una muestra evidente de lo que ha ocurrido durante todo este procedimiento. No es normal que una administración pública defienda una postura, obtenga una sentencia favorable en primera instancia y después intente cuestionar esa misma sentencia”.
Bueno añade que es difícil encontrar un precedente similar. “Probablemente sea la primera vez que vemos a una administración pública ganar una sentencia y después manifestarse contra parte de ella. Es algo que sencillamente no tiene sentido”.
Para la alcaldesa, la sentencia viene a confirmar las dudas que el Ayuntamiento había expresado desde el inicio del procedimiento. “Una vez más, donde dije digo, digo Diego. Mientras defendían una cosa, después hacían otra completamente distinta. Tenían claro que querían conceder esa esa prórroga a Puerto Rico S.A. y esta sentencia deja en evidencia una forma de actuar que no tiene justificación”.
Junto a este reproche, el Tribunal también se pronuncia sobre la participación del Ayuntamiento de Mogán en el proceso. Frente a los argumentos dirigidos a cuestionar su intervención, la sentencia reconoce el interés legítimo de la administración local en un asunto que afecta directamente al futuro de una infraestructura estratégica para el municipio.
Para el Consistorio, este pronunciamiento respalda lo que ha venido defendiendo, que es que el Ayuntamiento no puede ser considerado un actor ajeno a un expediente con consecuencias directas para el municipio y para el futuro de las instalaciones portuarias ubicadas en su término municipal.
Así, la sentencia deja dos mensajes difíciles de ignorar. Por un lado, reconoce el derecho del Ayuntamiento de Mogán a participar en un procedimiento del que se intentó apartarlo. Por otro, cuestiona expresamente la actuación de Puertos Canarios durante la apelación.
Para Bueno, este comportamiento resulta incompatible con la función que corresponde a una entidad pública. “Lo verdaderamente insólito es que haya tenido que ser el propio TSJC quien le recuerde a Puertos Canarios cuál era su papel en este procedimiento. No lo dice el Ayuntamiento de Mogán, lo dice una sentencia judicial”.
Esta circunstancia, junto a otros hechos relacionados tanto con este procedimiento como con el de la prórroga de la concesión del Puerto de Mogán, la ha llevado a solicitar el cese del director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno Gil, y del secretario del Consejo de Administración y director administrativo del ente público, Enrique Wiot.
“Cuando una sentencia tiene que corregir de esta manera la actuación de una entidad pública, por ir en contra de sus propias resoluciones y de los intereses generales que tiene la obligación de defender, alguien tiene que asumir responsabilidades”, sentencia la alcaldesa.
