Carmen Hernández apunta además a la práctica nula política pública y al incremento poblacional de las dos últimas décadas
La diputada de Nueva Canarias (NC) Carmen Hernández propuso hoy analizar la incidencia de la inflación en las dificultades de la ciudadanía canaria para acceder a una vivienda. La portavoz sectorial de los canaristas progresistas apuntó además a la práctica nula política pública en la materia y al incremento poblacional registrado en las dos últimas décadas.
A través de una pregunta planteada al consejero responsable Sebastián Franquis, en comisión, sobre el impacto de la crisis inflacionista en los alquileres; Carmen Hernández hizo un llamamiento al Parlamento para que “se confabule a favor” de la vivienda en el Archipiélago.
Varios factores, en opinión de la parlamentaria de NC, contribuyen a que Canarias sea uno de los mercados más tensionados del Estado. En primer lugar, dijo que se debe a la falta de un parque público debido a la práctica ausencia de una política de vivienda. También a la inflación, al aumento de los pisos vacacionales y al preocupante incremento demográfico vivido en las islas en las dos últimas décadas.
Dentro de los 500.000 nuevos residentes registrados en Canarias en los últimos 20 años, que “ponen en jaque” la sostenibilidad de los servicios públicos y del territorio, Carmen Hernández se detuvo en el efecto de la migración europea con un mayor poder adquisitivo que puede acceder a un alquiler o a la compra de una residencia más cara, lo que contribuye también a elevar el precio del mercado.
Una situación que afecta, de forma especial, a la juventud ya que, según el Observatorio estatal de la Emancipación, necesita destinar el 93% del salario neto a la adquisición de un piso. “Imposible” acceder a una vivienda, subrayó la portavoz de Nueva Canarias para indicar las consecuencias derivadas de esta situación. Vinculadas principalmente, tal y como precisó, con las aspiraciones frustradas para desarrollar un proyecto de vida y las tensiones surgidas en el entorno familiar de sus padres o tutores que, retirados del mercado laboral, aspiran o tienen una jubilación con calidad de vida.
Para Carmen Hernández, es un problema que sobrepasa a cualquier gobierno y que, “entre todos, tendremos que ver cómo resolver”. “No se firma un decreto y ya se tiene una vivienda”, observó. Con esta llamada de atención puso sobre la mesa, la complicación y tiempos requeridos para coordinar a todas las instituciones públicas, desde los ayuntamientos a los gobiernos. Para adaptar los planeamientos, adquirir los suelos, disponer de los proyectos y finalmente construir, tal y como subrayó.
