Canarias es un destino que genera riqueza, mucha riqueza. Ahí están los datos turísticos y son incuestionables.
Sin embargo, el efecto distribuidor de la riqueza que genera el turismo en Canarias es pobre. Hay informes como los de la Universidad de La Laguna, o el recién informe del Observatorio de Turismo del Gobierno de Canarias que así lo acreditan. Casi el 90% de los beneficios que genera el turismo no se queda en Canarias.
Los salarios no terminan de crecer al mismo ritmo que la economía, la falta de vivienda pública y asequible por la falta de planificación e inversión por parte de las administraciones públicas es evidente, la precariedad laboral y el aumento continuado de los precios que hacen prohibitiva la cesta de la compra, son ingredientes que han venido expulsando paulatinamente a la ciudadanía de unas cotas razonables de calidad de vida, por no decir, el preocupante aumento de personas sin hogar y todos los problemas de salud asociados a la presión incesante del capitalismo más radical.
Estas causas han llevado a que socialmente exista una preocupación relevante al no entender que ante cada vez más riqueza en Canarias, cada vez más pobreza. Esta es la cuestión que explica las movilizaciones que ante el principal generador de riqueza en las islas, como es el turismo, no se articulen políticas públicas para redistribuirla de forma equitativa, con garantías para que solidariamente se invierta en el bienestar social de las personas que residen en las islas.
De entre las competencias que tienen los ayuntamientos están la gestión de sus playas, principal atractivo turístico, que con un clima envidiable lo convierten en un patrimonio colectivo.
Por tal motivo, los principios que debe regir las gestión de nuestras playas debe ser desde una visión integral, transversal y colectiva, para que su potencial tanto social como económico, tengan un impacto real sobre el bienestar de la ciudadanía bajos los principios de solidaridad redistributiva.
Estoy convencido que esos fueron los principios que tuvieron en cuenta los regidores municipales en el año 1.997, cuando decidieron municipalizar y hacer públicas las políticas de gestión de las playas de San Agustín, Las Burras, Maspalomas, Playa del Inglés, Meloneras y El Cochino (Veril), en lo que se refiere a la explotación de las hamacas y sombrillas , y sobre todo ante el clamor social de aquel momento que observaba que la riqueza que generaba el turismo en nuestras playas se quedaban en muy pocas manos, y sin ningún tipo de control económico favoreciendo la economía sumergida y la especulación.
El método utilizado en el año 1.997 con las herramientas normativas y las estructuras administrativas de aquel momento, aunque con errores, funciono razonablemente bien. Ahí están los datos de ingresos de la gestión de las hamacas y sombrillas a lo largo de todos estos años, que asciende a más de cien millones de euros, y que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha podido utilizar presupuestariamente en todo lo que considerase necesario, ya que esos recursos nunca han tenido un carácter finalista.
Hoy, tras más de veintiocho años después, si fue histórica la decisión política de municipalizar las hamacas, histórica será la privatización, causando un daño irreparable al patrimonio social y público que garantizan sus ingresos.
Con el calendario utilizado para iniciar la privatización de las hamacas, aumentando los precios inicialmente, la urgencias antes de las elecciones municipales, y la foto de un arbitrario consejo sectorial de playa con empresarios a favor de aumentar los precios de las hamacas sugiere una inquietud, sobre todo cuando Alejandro Marichal apunta a que la privatización debe ser gestionada por empresas que conozcan el sector ¿A qué empresas se refiere? ¿A los antiguos explotadores que hasta el año 1.997 gestionaban las hamacas y sombrillas? ¿A la actual empresa que tan solo instrumentaliza el pago de salarios de los trabajadores de las hamacas? ¿A las dos empresas y trocear por lotes la licitación para que los beneficios se los lleven ambas? Porque si la respuesta es afirmativa a algunas de estas preguntas esto empezaría a oler más a un “pelotazo” que a una mejora de la gestión del servicio.
Otro de los argumentos que esgrimen desde el gobierno local es que no puede asumir a los trabajadores de las hamacas, cuando nadie les ha pedido tal menester. Ya que gestionar de forma pública un servicio municipal no conlleva integrarlos en la plantilla del ayuntamiento, sino emplear otras figuras instrumentales. Lo peor de esta afirmación es que él lo sabe, pero pretende dejar por tontos al resto de la ciudadanía.
La otra de las cuestiones que inquieta de esta manifestación es la visión que tiene de los trabajadores, quienes legítimamente aspiran a consolidar y mejorar sus condiciones laborales, y son conscientes que volver a depender de explotadores terceros, cuyo único fin es el capital , están expensas a peores condiciones laborales, e incluso el despido.
En cualquier caso, quienes mejor conocen el servicio son los propios trabajadores, no los explotadores, y nunca he escuchado a Alejandro Marichal que si quiere externalizar la gestión de las hamacas pudieran hacerlo a través de los propios trabajadores fomentando la creación de una cooperativa de trabajo asociado. Pero pedirle esto último a un profeso político de pensamiento neoliberal al servicio del capitalismo, es pedir mucho.
Si la gestión de las hamacas y sombrillas en las playas de nuestro destino turístico es pública o privada es una cuestión de voluntad política, no de la búsqueda de excusas para favorecer su privatización. Como bien dice Alejandro Marichal, el papel lo aguanta todo.
Las administraciones locales, y sobre todo la del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, no solo tiene músculo económico y estructural para hacerlo a través de una empresa pública , de nueva creación incluso, pero sus regidores actuales ni creen, ni quieren, que la riqueza que genera el turismo sea íntegramente para la ciudadanía de San Bartolomé de Tirajana a través de sus políticas públicas, cuando solo en el año 2024 se ingresaron más de tres millones de euros, en el año 2.025 todo apunta a similares ingresos, sin tener en servicio ofertado todas las hamacas que autoriza la Demarcación de Costas al ayuntamiento.
Si utilizamos los datos que el Ayuntamiento ha utilizado para justificar el aumento de precios de las hamacas y sombrillas, y su posterior privatización, los ingresos para el año 2.026 y sucesivos rozarían los seis millones de euros anuales, de los cuales el gasto del personal, de ser la que exponen sus informes, ascenderían aproximadamente a un millón setecientos mil euros, y el canon que tendría que pagas la empresa beneficiada de la licitación sería de unos 600.000 euros según palabras del propio Alejandro Marichal. Es decir, la empresa dispondría de más de tres millones y medio de euros anuales para satisfacer el resto de obligaciones sujetas los gastos de explotación, un gasto que no suele ser
estructural, obteniendo unos beneficios extraordinarios a costa de nuestras playas y nuestro clima, favorecidos por una decisión política que los enriquecerá rápidamente.
Sin embargo, si la gestión de las hamacas y sombrillas fuera a través de una empresa pública, como así se hace en el municipio vecino de Mogán, y cuyos ingresos y el precio de las hamacas son inferiores al que se van a proyectar en nuestro municipio, podríamos contar con unos beneficios extraordinarios que anualmente supondría más de cuatro millones de euros libres de cargas, y cuyo destino tendría un impacto social para toda la ciudadanía tirajanera.
Si los números son tan claros, si se decide que la explotación de un espacio que es de todos solo beneficie a unos pocos, si las necesidades sociales en San Bartolomé de Tirajana requieren de recursos extraordinarios para impulsar un mejor redistribución de la riqueza que genera el turismo e intentar acabar con los elementos que producen bolsas de pobreza, y si la ciudadanía reclama que apliquen políticas para que los recursos que genera la actividad turística revierta de forma considerable en nuestras vidas ¿Por qué privatizar la riqueza que generan nuestras playas y nuestro clima? ¿Existe algún oscuro interés detrás de esta decisión política?, ¿es pura ideología?, ¿o las dos?
Yo soy de los convencidos que podemos parar esta privatización. Que debemos parar esta privatización. La experiencia personal, sindical, social y política me dice que es posible. Pero para ello necesitamos estar unidos, desde los trabajadores de las hamacas, hasta la sociedad comprometida con la mejora de las condiciones de vida de toda la ciudadanía, llevando a cabo todas las acciones que sean necesaria, incluso la movilización.
La razón es sencilla. Esta decisión política solo tiene un nombre; expolio. Y no lo podemos permitir.
No tiene ningún sentido privatizar la principal fuente de riqueza que genera el turismo en San Bartolomé de Tirajana cuando esos ingresos benefician íntegramente a nuestras arcas municipales, y por ende, a toda la ciudadanía de San Bartolomé de Tirajana.
Paremos la privatización de las hamacas en San Bartolomé de Tirajana, juntos lo conseguiremos.
Gustavo Santana Martel
Vicesecretario General de Asuntos Políticos del PSOE en Gran Canaria, Secretario de Organización del PSOE en San Bartolomé de Tirajana, y Diputado en el Parlamento de Canarias
