- El Gobierno Local ha convocado la Mesa de Funcionarios a petición de las fuerzas sindicales y en previsión a las necesidades propias de la época estival
El Gobierno de Telde ha convocado la Mesa de Funcionarios a petición de las fuerzas sindicales para revisar el convenio de la Policía Local y para garantizar el servicio de seguridad a la ciudadanía. La alcaldesa, Carmen Hernández, la concejala de Recursos Humanos, Celeste López, y el edil de Seguridad, Agustín Arencibia, se reunieron este lunes con los representantes de los sindicatos UGT, Intersindical Canarias, Comisiones Obreras y Csif, y se han emplazado a mantener próximos encuentros para avanzar en la mejora de este servicio.
En ese sentido, la regidora municipal explica que el pasado 24 de abril las cuatro fuerzas sindicales con representación en la institución teldense presentaron un escrito en el que se solicitaba la convocatoria de esta mesa para abordar, entre otros aspectos, la modificación parcial del convenio de la Policía Local en relación a las condiciones de los turnos de noche y la prestación del servicio en los días de especial sensibilidad.
Por su parte, el Gobierno local ha aprovechado esta convocatoria para poner sobre la mesa la necesidad de garantizar la seguridad a la ciudadanía durante la etapa estival, cuando coinciden las vacaciones de los agentes con la actual merma de la plantilla, una situación que próximamente se verá mejorada con la incorporación de 33 nuevos policías gracias al proceso de selección convocado a través de una oferta de empleo público que está a punto de concluir.
Con estas reuniones, concluye Carmen Hernández, se pretende suscribir un nuevo acuerdo que dé respuesta tanto a las necesidades del servicio y de la ciudadanía como a las peticiones de los representantes de la plantilla de la Policía Local. Todos aquellos aspectos planteados en estas reuniones que tengan un componente económico, matiza la alcaldesa de Telde, deben analizarse con una visión global, dado el compromiso con el resto de los trabajadores y trabajadoras municipales para la mejora de sus condiciones laborales y la recuperación de derechos, como el plan social, que perdieron en 2012 con el plan de Ajuste y el mandato del Estado.
