- El Gobierno de Canarias ha autorizado a sus servicios jurídicos esta intervención tras conocer que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por Madrid
El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo de Gobierno, ha autorizado a petición de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias la intervención de la Comunidad Autónoma de Canarias como coadyuvante del Gobierno del Estado en la defensa de la constitucionalidad del Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo de medidas urgentes.
Esta medida se adopta tras tener conocimiento de que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Comunidad de Madrid, contra el Real Decreto Ley por el que se aprobaron las medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
El Consejo de Gobierno manifiesta en este acuerdo que el recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto es “una traba a la solidaridad territorial y a la adecuación de la respuesta de todas las comunidades autónomas” ante el fenómeno migratorio que se está viviendo en las islas.
Tal y como recoge la propuesta de acuerdo, el Gobierno de Canarias considera necesaria la defensa en este recurso de inconstitucional de los intereses que pudieran verse afectados en el ámbito de sus competencias, y muestra su decisión a intervenir voluntariamente “como coadyuvante del Gobierno de la Nación en la defensa de la constitucionalidad de la norma legal estatal”.
El acuerdo justifica que se trata de una excepción al régimen general de no intervención de terceros en el proceso constitucional como “intervención adhesiva de las comunidades autónomas en los casos en que el proceso de inconstitucionalidad tuviera una naturaleza competencial o afectase al ámbito de competencias de aquella comunidad” (ATC n.º 172/1995).
En este sentido se manifiesta que “el interés competencial de Canarias en materia de protección de menores se ve afectado por un fenómeno supra autonómico, que es la contingencia migratoria extraordinaria en materia de menores migrantes no acompañados que impide a la Comunidad Autónoma de Canarias proporcionar la adecuada atención a estos menores que se encuentran en situación de hacinamiento, lo que es un hecho notorio y conocido, debido a que hasta la fecha el Estado no ha ejercicio su posición constitucional de garante de la efectividad del principio de solidaridad territorial”.
El Gobierno de Canarias aprueba un programa temporal para resolver los expedientes de conciliación laboral
- La Dirección General de Trabajo reforzará con siete letrados y diez auxiliares administrativos el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación
- En Canarias se incoan 22.000 procedimientos anuales gestionados actualmente por solo tres personas
El Consejo de Gobierno, en su reunión semanal de esta mañana, ha acordado, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, poner en funcionamiento un programa cuyo objetivo es aliviar el atasco de los 3.274 expedientes de conciliación laboral de años anteriores que se encuentran a la espera de resolución, además de agilizar la tramitación de los nuevos procedimientos. Una medida necesaria teniendo en cuenta que el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Semac) lleva más de una década soportando un colapso por falta de personal debido a traslados y jubilaciones.
En Canarias se incoa una media anual de 22.000 expedientes, aproximadamente, lo que supone ochenta y ocho procedimientos diarios que están siendo gestionados actualmente por solo tres personas.
Con la activación de este plan de choque, que se prolongará durante tres años, se complementará y reforzará la plantilla con nuevo personal interino, en concreto, siete letrados, que se distribuirán de la siguiente forma: tres efectivos en Las Palmas de Gran Canaria y cuatro en Santa Cruz de Tenerife. Además, se incorporará personal administrativo, porque el Semac carece de este perfil de empleado. En total se contratarán diez auxiliares.
El programa, que contará con un presupuesto de 1,9 millones de euros, tiene como finalidad mejorar la calidad de la prestación de los servicios y contribuir al ejercicio de los derechos laborales, garantizando una eficaz respuesta y una adecuada gestión de los expedientes de conciliación laboral en la comunidad autónoma, implementando un sistema que garantice la eficiencia en la resolución de conflictos laborales y dinamizando su tramitación, permitiendo, en definitiva, que las personas trabajadoras y empleadoras vean asegurados sus derechos.
El Gobierno refuerza la Dirección General de Función Pública con una Unidad Administrativa Temporal
- Esta nueva sección tendrá una vigencia inicial de tres años y un coste de personal autorizado para su implementación de 4.154.811 euros
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el refuerzo de los distintos servicios de la Dirección General de Función Pública con la creación de la Unidad Administrativa Temporal que tiene como fin favorecer la normalización de los procesos, vinculado a las medidas de eficacia y de eficiencia que se implementen para la transformación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La Unidad Administrativa Temporal tendrá una vigencia inicial de tres años, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2028, que puede prorrogarse si fuera preciso para culminar los objetivos o acuerde la extinción anticipada de la misma si los fines para los que fue constituida estuviesen cumplidos.
El coste de personal autorizado para su implementación asciende a la cantidad de 4.154.811 euros, distribuido en cuatro periodos. En 2025, del 1 de junio al 31 de diciembre, tendrá un coste de 759.844 euros. Tanto en 2026 como en 2027 el coste ascenderá a 1.384.937 euros, mientras que para 2028, del 1 de enero al 31 de mayo, se estima un gasto de 652.092 euros.
Los puestos de trabajo de la Unidad Administrativa Temporal tendrán naturaleza coyuntural, no siendo incorporados de forma permanente en la relación de puestos de trabajo, sin perjuicio de su incorporación en el Sistema de Información de Recursos Humanos correspondiente. Estos podrán ser provistos de forma temporal por cualquiera de los sistemas de provisión de tal naturaleza, incluida la reasignación temporal de efectivos y la adscripción provisional, así como mediante los sistemas de provisión definitiva de libre designación o por concurso.
A través de esta Unidad se refuerza el centro directivo con perfiles profesionales informáticos que impulsen una amplia lista de necesidades de desarrollo informático para una respuesta más ágil, eficaz y eficiente de los procesos de gestión reduciendo las tareas mecánicas, así como perfiles profesionales del Cuerpo Superior de Administración, Escala de Administración General y el del Cuerpo de Gestión, Escala de Gestión General, a fin de poder impulsar los procesos de ordenación de los recursos humanos y de asesoramiento y gestión jurídica de las competencias.
Incremento de la actividad
La Dirección General de Función Pública ha tenido que ejecutar la Oferta de Empleo Público de Administración General del año 2018, la del año 2019, así como convocar los procesos selectivos derivados de la Oferta del año 2020 y 2021 a fin de evitar su caducidad, lo que supone un total de 189 convocatorias y en las que está implicada la adjudicación definitiva de más de 3.000 plazas. Esto ha supuesto una intensa y sobredimensionada actividad para la Dirección General, simultaneando en el tiempo más de 200 procesos selectivos y estando a su vez pendiente, en la actualidad, la ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2022 y de los años siguientes.
En particular, las Ofertas de Empleo Público de los años 2020 y 2021 han supuesto la gestión de más de 21.000 solicitudes para la adjudicación de 900 plazas de personal funcionario de carrera, a lo que se unen más de 3.000 plazas en proceso de estabilización.
Además, también ha dirigido sus esfuerzos en dar respuesta cumplida a las necesidades urgentes y extraordinarias de personal funcionario interino para el conjunto de la Administración General, dado que este centro directivo tiene encomendada la gestión de la totalidad de las listas de empleo de la Administración General para efectuar los llamamientos y nombramientos de todo el personal funcionario interino.
Esta Dirección General tiene también que hacer frente a los cambios organizativos de la Administración, a la aplicación de nueva normativa reguladora del empleo público y a la jurisprudencia que ha ido recayendo en la materia, lo que se traduce en la necesidad de intensificar su labor de planificación y ordenación de los recursos humanos y de desarrollo de los aplicativos informáticos de información de recursos humanos ante una Administración más nutrida de competencias.
Por otro lado, el Gobierno también está impulsado la aprobación, por primera vez, de determinados instrumentos de planificación en materia de empleo público como son el Plan General de Prevención de Riesgos Laborales, los Planes de Igualdad de la Administración y la actualización de los protocolos en materia de acoso laboral y de protección de mujeres víctimas de violencia de género en el empleo público.