- Sánchez reclama medidas para movilizar viviendas vacías, proteger a los pequeños propietarios y combatir la ocupación ilegal, al tiempo que exige acelerar la construcción de las cerca de 10.000 viviendas que estima necesarias en Gran Canaria.
- “La verdadera política de vivienda del PSOE no se mide por sus discursos, sino por lo que ocurre cada día en nuestras calles”, y ha puesto como ejemplo el desahucio ejecutado ayer en el barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria
- Critica el balance de doce años de gobiernos socialistas en el Cabildo y el Ayuntamiento de la capital y recuerda que, frente a las 1.000 viviendas prometidas por Carolina Darias, las nuevas promociones municipales siguen sin traducirse en entregas para nuevos demandantes.
–El presidente del Partido Popular (PP) de Gran Canaria, Carlos Sánchez, ha advertido hoy de que las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez “no solo han sido incapaces de resolver uno de los principales problemas de los españoles, sino que están generando una inseguridad jurídica que amenaza con reducir todavía más la oferta de alquiler y seguir encareciendo los precios”, una situación que considera especialmente preocupante en Canarias y, particularmente, en Gran Canaria.
Sánchez ha cuestionado la decisión del Gobierno de España de volver a impulsar, a través de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, los dos decretos de vivienda después de que el Pleno de la Cámara Baja rechazara su convalidación el pasado 2 de octubre. Para el dirigente popular, esta decisión supone “un intento de sacar adelante por una vía parlamentaria diferente unas medidas que ya fueron rechazadas por el Congreso de los Diputados y que, lejos de solucionar el problema, pueden agravarlo“.
“El Gobierno pretende trasladar a los propietarios particulares una responsabilidad que corresponde al Estado, como es atender y proteger a las familias vulnerables. No se puede pretender que sean los pequeños propietarios quienes asuman las consecuencias de que las administraciones no hayan sido capaces de garantizar una alternativa habitacional a quienes la necesitan”, ha señalado.
El presidente insular ha recordado que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno se han producido más de 270.000 desahucios en España, una realidad que, a su juicio, “evidencia la distancia entre los anuncios del Ejecutivo y los resultados de sus políticas de vivienda”. En este sentido, recordó que ayer mismo en la capital grancanaria se ejecutó un desahucio de una mujer y sus dos hijos menores de edad.
“Mientras el PSOE se da golpes de pecho hablando de proteger a las familias vulnerables y pretende dar lecciones al resto sobre el derecho a la vivienda, ayer mismo, en la ciudad que gobierna Carolina Darias, una madre y sus dos hijos menores eran expulsados de su casa por la fuerza” señaló el responsable popular.
En este sentido, ha insistido en la necesidad de diferenciar entre las familias que atraviesan dificultades económicas y necesitan protección pública y quienes ocupan ilegalmente una vivienda. “A las familias vulnerables hay que protegerlas, pero esa protección deben garantizarla las administraciones, a través de los servicios sociales y las políticas públicas de vivienda. Lo que no podemos aceptar es que un propietario tenga que soportar durante años la ocupación ilegal de su casa sin una respuesta eficaz de la Justicia”, ha explicado.
Sánchez ha defendido la propuesta legislativa del PP para agilizar el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente, con procedimientos que permitan actuar en un plazo de 48 horas, y ha insistido en que ofrecer seguridad jurídica es una condición imprescindible para recuperar la confianza de quienes disponen de una vivienda y no se atreven a incorporarla al mercado del alquiler.
“Sin seguridad jurídica no habrá más viviendas en alquiler”
El presidente del PP de Gran Canaria considera que uno de los efectos más perjudiciales de las sucesivas medidas regulatorias es la retirada de inmuebles del mercado residencial. En este sentido, ha apuntado que ha estimado que más de 4.200 viviendas han dejado de ofrecerse en el mercado del alquiler convencional en España desde el anuncio de los últimos decretos.
Sánchez ha recordado que en Canarias existen miles de pequeños propietarios que adquirieron una segunda vivienda con sus ahorros y que utilizan su alquiler para complementar sus ingresos familiares. “No estamos hablando exclusivamente de grandes fondos de inversión, sino también de familias que han trabajado durante toda su vida, que han ahorrado y que han invertido en una vivienda para complementar su salario o su pensión. No podemos convertirlos en responsables de un problema que las administraciones llevan años sin resolver”, ha manifestado.
Por ello, ha defendido que la prioridad debe ser recuperar la confianza de los propietarios y generar condiciones que permitan incorporar al alquiler una parte de las viviendas que permanecen vacías, al tiempo que se mantienen los mecanismos públicos de protección para las personas en situación de vulnerabilidad.
Gran Canaria necesita construir alrededor de 10.000 viviendas
Carlos Sánchez ha asegurado que la solución estructural al problema pasa necesariamente por incrementar la oferta residencial, tanto pública como privada, y ha situado en torno a 10.000 viviendas las necesidades que estima existentes en Gran Canaria.
“Necesitamos construir muchas más viviendas y eso no se va a resolver de un día para otro. Hablamos de años de planificación, inversión y ejecución. Precisamente por eso es tan importante empezar cuanto antes y dejar de perder el tiempo con medidas que no aumentan la oferta”, ha afirmado.
El dirigente popular ha reivindicado la colaboración público-privada como una herramienta imprescindible para acelerar nuevas promociones y ha puesto el foco en la necesidad de actualizar los módulos económicos de la vivienda protegida para adecuarlos a los costes reales de construcción.
“Si construir una vivienda protegida cuesta más que el precio que permite la normativa, difícilmente vamos a conseguir que los promotores privados participen. El Estado y las administraciones no pueden hacerlo todo solos. Necesitamos contar con la iniciativa privada y ofrecer unas condiciones que permitan construir vivienda asequible”, ha subrayado.
“Hay que encontrar un equilibrio responsable entre la protección del territorio y las necesidades reales de vivienda de la población. No podemos condenar a generaciones enteras a marcharse de su municipio porque no encuentran una casa que puedan pagar”, ha manifestado.
