- La rebaja a cero del IGIC a los combustibles, la bonificación del Impuesto sobre combustibles a los transportistas y agricultores y las ayudas directas al sector primario e industrial, entre las prioridades del Ejecutivo
El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno este lunes a la puesta en marcha de un paquete de medidas fiscales y económicas destinadas a paliar los primeros efectos que el inicio de la guerra en Irán ha provocado en las Islas. El coste de algunas de estas acciones será asumido por el Gobierno de España, ya que el archipiélago había quedado fuera de los beneficios de las iniciativas adoptadas por el Estado para hacer frente a la crisis internacional.
Dichas actuaciones respondían al Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, aprobado por el Gobierno de España, cuyas medidas tributarias -centradas en el IVA y el Impuesto sobre hidrocarburos- no resultan de aplicación directa en Canarias debido a su régimen fiscal específico, además dicho decreto tiene una duración inicial de 100 días.
Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico ha ideado un paquete de medidas propias, dentro de sus competencias, para trasladar a las islas los efectos positivos de dichas iniciativas y mitigar el impacto del encarecimiento de los combustibles, la energía y los bienes básicos.
El conjunto de medidas aprobadas por el Ejecutivo de Canarias tendrá un coste de 29,8 millones de euros y, en el caso de prorrogarse el conflicto bélico, de 60 millones de euros anuales. Las acordadas este lunes en el Consejo de Gobierno son:
- Reducción del IGIC sobre combustibles del 1% al 0%, con el objetivo de abaratar el precio final para los consumidores. En términos anuales se cifra en un coste de 14,1 millones y para un periodo de 100 días se calcula en 3,9 millones de euros.
- Incremento de la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas, que pasa del 67% al 99%. Este cambio se estima que tendría un coste anual de 19,4 millones de euros y para 100 días de 5,3 millones.
- Aplicación del tipo 0% del IGIC a productos básicos de la cesta de la compra que aún tributaban al 3%, como la sal, la mantequilla y el café. Esta acción se estima que tenga un coste anual de 3,2 millones y de 900.000 euros para 100 días.
- Ampliación del límite del régimen especial del pequeño empresario (REPEP) hasta los 50.000 euros de facturación anual, reduciendo cargas fiscales y administrativas. La medida se aplicaría a partir de julio de 2026 y tendría un coste para este año de 12,5 millones de euros.
- Creación de un sistema de ayudas directas a los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial para compensar el sobrecoste energético y de insumos por un importe de 7,2 millones de euros.
Las cuatro primeras medidas requerirán la aprobación de un decreto-ley autonómico, justificado por la extraordinaria y urgente necesidad derivada de la evolución de la crisis internacional.
Solicitudes al Gobierno de España
Además, el Consejo de Gobierno ha acordado trasladar al Estado un conjunto de medidas complementarias orientadas a reforzar la respuesta económica y social ante la crisis.
Entre las principales propuestas destacan:
- La flexibilización de las reglas fiscales para permitir a las comunidades autónomas adoptar medidas extraordinarias.
- La implantación de una bonificación estatal al precio del combustible.
- La reducción de la carga fiscal en el IRPF para compensar la pérdida de poder adquisitivo de las familias.
- La actualización de partidas de los Presupuestos Generales del Estado, especialmente en transporte, agua y agricultura.
- La puesta en marcha de mecanismos de liquidez y financiación para empresas y autónomos.
- La creación de un fondo específico para sectores productivos especialmente expuestos.
Asimismo, se solicita una adaptación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para tener en cuenta las dificultades específicas de Canarias, incluyendo la posibilidad de prórrogas en la ejecución de proyectos y la revisión de objetivos afectados por el incremento de costes.
El Ejecutivo canario también reclama al Estado la adopción de medidas estructurales que refuercen la competitividad del Archipiélago, entre ellas:
- La rebaja de tasas aeroportuarias y portuarias.
- El impulso a proyectos estratégicos de energías renovables, como la geotermia y la eólica marina.
- El incremento de la financiación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA).
- La exclusión de Canarias de determinadas medidas europeas de emisiones (ETS) que encarecen la conectividad.
- El aumento del límite de ayudas minimis para empresas.
El Gobierno de Canarias ha insistido en la necesidad de incorporar una “cláusula canaria” en cualquier medida estatal de respuesta a crisis, que permita adaptar las políticas públicas a las singularidades del Archipiélago. El Ejecutivo autonómico subraya que estas iniciativas no persiguen privilegios, sino garantizar la equidad y corregir las desventajas estructurales derivadas de la insularidad, la lejanía y la dependencia energética.
