- Esta es la cifra con la que la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea parte para la elaboración del presupuesto de la comunidad autónoma
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que dirige Matilde Asián, fijar el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026 en 12.143.143,09 millones de euros. Esta cifra supone 538 millones de euros más que en el presupuesto inicial de 2025.
Ahora bien, este límite podrá variar en función de la cuantía de los ingresos previstos para 2026 en concepto de financiación afectada. Asimismo, el límite también podrá sufrir variaciones atendiendo al cálculo del saldo ajustado de la CAC en 2026 o si se produjeran cambios en las reglas fiscales establecidas por el Estado.
Exigencia de cumplimiento de la regla del gasto
El límite de gasto no financiero de 2026 lo determina la regla del gasto, que señala que la variación del gasto computable de la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española (3,3% en 2026).
La aplicación de esta norma conlleva que la comunidad autónoma obtendrá un superávit o capacidad de financiación estimado en 106,58 millones de euros para 2026. Esta cifra representa un 0,17% del PIB, es decir, un porcentaje superior al 0,1% del PIB establecido en el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026 para las comunidades autónomas.
En consecuencia, los posibles fondos provenientes de mayores recursos del Sistema de Financiación Autonómico (SFA) y de otros ingresos no financieros de 2026 respecto al inicial de 2025, no se podrán aplicar a empleos no financieros y, por lo tanto, no se podrán destinar ni a financiar las necesidades básicas de los canarios, ni a bajar impuestos.
Ante estas distorsiones en el funcionamiento de las reglas fiscales actuales, la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea insiste en que el incumplimiento de la regla de gasto no dé lugar a la aplicación de las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), siempre que la comunidad autónoma mantenga “equilibrio o superávit estructural” y deuda inferior al 13% del PIB. Esta propuesta del Gobierno de Canarias es absolutamente respetuosa con la Constitución española y con la actual normativa de la Unión Europea, por lo que anima a todas las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias a apoyar esta propuesta de disposición legal.
Marco normativo y magnitudes tomadas en cuenta
El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), obliga a las comunidades autónomas a aprobar, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos.
En el momento actual no se han aprobado los objetivos de estabilidad y deuda pública para el período 2025-2027 y 2026-2028, tanto para el conjunto de las Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores, ni los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria de cada una de las Comunidades Autónomas en la forma establecida en la LOEPSF. Por lo tanto, la última referencia considerada por el Ministerio de Hacienda, sobre la base del criterio establecido en el informe de la Abogacía del Estado en diciembre de 2023, es el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026, que contempla en 2026, un superávit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas.
En cuanto a la regla del gasto, la variación del gasto computable determinada por el Ministerio de Hacienda para la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española fijada en un 3,3% para 2026.
Respecto a los recursos del Sistema de Financiación Autonómico, el pasado 22 de julio, el Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del Real Decreto-ley 6/2005, de 17 de junio, sobre las medidas relativas a los recursos de os sistemas de financiación territorial. El importe provisional de las entregas a cuenta para el ejercicio 2026 asciende a 6.800 millones de euros, mientras que la previsión de la liquidación definitiva del año 2024 se cifra en 1.100 millones de euros. En total, la cantidad del SFA por ambos conceptos se cifra en 7.900 millones de euros.
Con la comunicación del límite de gasto no financiero se da cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que obliga a las comunidades autónomas a aprobar un límite máximo de gasto antes del 1 de agosto. Con la determinación de esta cifra, el Gobierno de Canarias puede iniciar la elaboración del presupuesto 2026, que deberá entregar al Parlamento antes del 31 de octubre para su posterior tramitación.
El Gobierno aprueba las directrices para la elaboración del Plan de Vivienda de Canarias 2026-2029
- Se declara la urgencia en la tramitación del procedimiento, dada la situación de emergencia habitacional que atraviesa Canarias, reconocida como de interés general excepcional por el Decreto Ley 1/2024
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad que dirige Pablo Rodríguez, las directrices que marcarán la elaboración del Plan de Vivienda de Canarias para el periodo 2026-2029. Con este acuerdo, el Ejecutivo autonómico cuenta con un marco para dotar a las islas de un nuevo instrumento estratégico que permita afrontar con eficacia y realismo los retos actuales en materia de vivienda.
Asimismo, se ha declarado la tramitación de urgencia del procedimiento, dada la situación de emergencia habitacional que atraviesa Canarias, reconocida como de interés general excepcional por el Decreto Ley 1/2024. Esta decisión permite agilizar el desarrollo y aprobación del nuevo plan, reduciendo los plazos administrativos, pero garantizando en todo momento la participación ciudadana y la consulta a los órganos representativos locales e insulares.
El futuro Plan de Vivienda 2026-2029 tendrá una clara vocación social, poniendo el foco en los colectivos con mayores dificultades de acceso, especialmente jóvenes, mayores, familias vulnerables y trabajadores que, a pesar de tener ingresos, no pueden afrontar los precios del mercado libre. También promoverá soluciones específicas para los municipios rurales, fomentando el equilibrio territorial, la dinamización del medio rural y la lucha contra la despoblación.
Además de reforzar el parque público de vivienda y asegurar su uso justo y eficiente, se apostará decididamente por fórmulas innovadoras como la vivienda asequible incentivada, por el alquiler como opción accesible y estable, y por la colaboración público-privada para poner en el mercado nuevas promociones a precios razonables. La rehabilitación del parque edificado, la cesión de suelo por parte de los ayuntamientos, la mejora de los procedimientos de adjudicación y la lucha contra la ocupación ilegal o el fraude también ocuparán un lugar central en la planificación.
El nuevo plan será concebido como una herramienta abierta y participativa, promoviendo el diálogo con las instituciones y con la ciudadanía, a través de un proceso transparente y accesible que se articulará en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias. Además, integrará de forma transversal la perspectiva de género y la diversidad, mediante la incorporación de evaluaciones específicas desde la fase inicial.
En paralelo, se llevará a cabo un trabajo de coordinación interdepartamental, consulta técnica, evaluación presupuestaria y análisis normativo para asegurar que el plan sea viable, coherente y ajustado a las capacidades de ejecución del Gobierno de Canarias, todo ello con la máxima cooperación y coordinación del sector, las administraciones locales e insulares y los grupos parlamentarios. Una vez superadas todas las fases, el texto definitivo será elevado al Parlamento de Canarias para su pronunciamiento y, posteriormente, aprobado por el Consejo de Gobierno.
El consejero Pablo Rodríguez ha subrayado que “la vivienda es hoy uno de los principales desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Canarias necesita respuestas urgentes, realistas y valientes, pero también planificadas. Con estas directrices damos un paso firme para construir una política de vivienda moderna, sensible a la realidad insular y comprometida con la hoja de cohesión social y territorial del Archipiélago”.
Asimismo, el consejero responsable del área ha explicado que el nuevo Plan de Vivienda de Canarias parte de un trabajo riguroso centrado en los contenidos previos y de análisis que exige la normativa para garantizar su validez y eficacia. “Durante los últimos meses, los esfuerzos se han concentrado en esa fase inicial de diagnóstico, que incluye la evaluación del grado de ejecución del plan anterior, el análisis actualizado de las necesidades de vivienda y suelo por islas, la situación del parque de viviendas deshabitadas y un estudio detallado sobre los déficits en equipamientos y servicios complementarios. Esto es esencial para priorizar las actuaciones futuras, con especial atención a los colectivos con menos recursos, y asegurar que el nuevo plan sea realista, coherente con la realidad actual y capaz de corregir errores del pasado”, ha detallado Rodríguez.
Proyectos de vivienda en El Hierro
Además, el consejero ha dado cuenta en esta sesión del Consejo de Gobierno de las previsiones de vivienda para la isla de El Hierro, con proyectos en los municipios de El Pinar y La Frontera.
En El Pinar, se trabaja en la recuperación de un edificio de dos plantas y cuatro viviendas ubicado en la calle El Chamarro, que cuenta con un grado de ejecución del 35,8 %, y que tiene un presupuesto de licitación aproximado de 522.000 euros, pendiente únicamente de la acreditación de la vigencia de la licencia de obra para formalizar la compra-venta. Por otra parte, en La Frontera, Visocan proyecta un edificio de 24 viviendas en una de las dos parcelas adquiridas, con una inversión estimada de 4,4 millones de euros. Además, asumirá la urbanización de ambas parcelas con un presupuesto de 600.000 euros. La licitación de las obras está prevista para el último trimestre del año.
