- El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, respalda la petición de los expertos, y coincide en apostar por la ordenación estructural y estratégica frente a la pormenorizada
- Los plazos se reducen al máximo permitido por la legislación estatal, se limitan las fases y simplifican las tramitaciones de los instrumentos de ordenación
- Las sanciones por infracciones sobre el territorio pasan de 60 a 300 euros en el caso de las leves, y las muy graves duplican su cuantía hasta los 600.000 euros
- Los ayuntamientos aumentarán su patrimonio de suelo público al ampliar del 10% al 15% las cesiones de aprovechamiento, y ampliarán el porcentaje destinado a vivienda pública
- Los municipios reto demográfico y el sector primario tendrán un tratamiento diferenciado en la actualización de la Ley
- Se crea una nueva figura de ordenación para facilitar la renovación y modernización del suelo industrial
La actualización de la Ley del Suelo reducirá en un 40% el contenido de los planes generales, con el objetivo de facilitar y agilizar su tramitación, en una clara apuesta por la ordenación estructural y estratégica frente a la pormenorizada, tal y como han solicitado mayoritariamente los técnicos y expertos que han participado durante el último año en su estudio.
Los plazos de tramitación se reducirán al máximo permitido por la legislación estatal, se limitarán fases y se simplificará la tramitación de los instrumentos de ordenación, despareciendo la distinción entre parciales y especiales en el caso de los Planes Territoriales, y equiparando los Programas de Actuación y Mejora Urbana (PAMU) a la tramitación de ordenanzas. Se creará, además, la figura del Proyecto de Renovación Especial de Suelos Industriales, al objeto de modernizar y mejorar los polígonos industriales.
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, dio a conocer hoy un avance de las principales novedades contenidas en el primer borrador del anteproyecto de ley, que será presentado el próximo viernes en comisión parlamentaria durante una comparecencia a petición propia. En la rueda de prensa de esta mañana estuvo acompañado por la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate, y el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, quienes han coordinado los trabajos de actualización.
Según explicó Manuel Miranda, “la actualización de la Ley del Suelo va a suponer un salto cualitativo en los principios de simplificación y racionalización que la inspiraron hace más de siete años, con mejores herramientas para la protección del territorio, y con medidas específicas para dar respuesta directa a los desafíos del reto demográfico y la agenda urbana, para reducir los plazos de tramitación, para facilitar las licencias de edificación, para incentivar la construcción de viviendas y para intentar fijar la población en los municipios de menos de 10.000 habitantes, a los que vamos a dar el trato preferencial que demandan y se merecen”.
La actualización de la Ley del Suelo y Espacios Protegidos de Canarias responde a la necesidad de adaptar el marco normativo a los nuevos retos territoriales, sociales y económicos de Canarias, y se basa en los siguientes principios fundamentales:
- Simplificación y racionalización normativa: Reducir la carga burocrática y hacer más eficientes los procedimientos administrativos en la gestión urbanística.
- Impulso a la renovación y mejora urbana: Fomentar la rehabilitación y modernización de espacios urbanos con criterios de sostenibilidad.
- Mayor protección del territorio: Reforzar los mecanismos de conservación y recuperación del medioambiente.
- Fomento de la vivienda pública: Facilitar el acceso a la vivienda y mejorar la regulación del suelo urbanizable.
- Apoyo a municipios ante el reto demográfico: Garantizar un desarrollo territorial equilibrado y sostenible.
- Refuerzo del sector primario: Favorecer la actividad agraria y ganadera, y las actividades económicas vinculadas al suelo rústico.
Entre las modificaciones más destacadas, se encuentra la reducción de los plazos de tramitación al mínimo permitido por la legislación estatal, la eliminación de fases innecesarias y la simplificación de los instrumentos de ordenación. Estas acciones garantizarán una mayor eficiencia y rapidez en la gestión urbanística.
En materia sancionadora, las infracciones leves sobre el territorio verán incrementada su multa mínima de 60 a 300 euros, mientras que las muy graves duplicarán su cuantía hasta alcanzar los 600.000 euros. Este endurecimiento de las sanciones busca reforzar la protección del territorio y garantizar el cumplimiento de la normativa. La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ampliará sustancialmente los tiempos de intervención sobre las infracciones, duplicando el plazo de prescripción de los 4 a los 8 años.
Asimismo, los ayuntamientos verán incrementado su patrimonio de suelo público con la ampliación del porcentaje de cesión de aprovechamiento del 10% al 15%. Además, el porcentaje de suelo destinado a vivienda pública experimentará un aumento significativo, favoreciendo el acceso a la vivienda para los ciudadanos.
Este conjunto de medidas permitirá avanzar hacia una gestión del suelo más eficiente y sostenible en Canarias, garantizando un equilibrio entre desarrollo económico, protección medioambiental y bienestar social.
Las principales novedades de la actualización serán presentadas esta misma tarde a la FECAM, mañana jueves a la FECAI y el viernes a los miembros de la Comisión de Política Territorial del Parlamento de Canarias, en la que comparecerá a petición propia el consejero Manuel Miranda.
