La nueva Ley del Suelo llega al Parlamento para facilitar el acceso a la vivienda y reforzar la protección del territorio

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana el texto definitivo del proyecto de actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias. Se trata de una iniciativa legislativa impulsada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas cuyo titular, Manuel Miranda, ha catalogado como “una herramienta clave para que Canarias pueda enfrentarse a buena parte de los retos que tiene frente a sí”. El documento, aprobado inicialmente en el mes de junio, fue objeto en septiembre de un informe del Consejo Consultivo y ahora se remitirá al Parlamento de Canarias para continuar su tramitación.

Miranda ha destacado que la propuesta tiene como objetivo “continuar con la filosofía de la Ley del Suelo” del año 2017, norma que ha calificado como “buena y que ha permitido impulsar más de 250 modificaciones del planeamiento”, pero que había que “adaptar a la nueva realidad del Archipiélago, condicionada por varios retos, como el de la vivienda, el demográfico o la normativa referida a mitigar los efectos del cambio climático”. Entre otras medidas, la actualización de la ley prevé un aumento de la disponibilidad de suelo para vivienda pública, que podría ser de hasta un 40% del suelo en determinadas circunstancias. En concreto, en suelo urbanizable se pasa del 30% al 40% y en suelo urbano consolidado del 10% al 20%.

El consejero ha recordado que el texto es fruto de un amplio proceso de participación que duró más de un año yen el que intervinieron 700 profesionales en un total de diecisiete foros. Miranda ha señalado que el texto ha sido mejorado ahora por el Consejo Consultivo, sobre todo para dotar al texto de “mayor claridad y precisión respecto a las condiciones de la evaluación ambiental, los proyectos de interés insular o autonómico y los nuevos planes de renovación de suelos industriales”.

La propuesta del Gobierno gira sobre cinco ejes, según ha explicado el consejero. Estos son: una mayor protección del territorio, con sanciones más duras; agilización del planeamiento, con un 40% menos de documentación; impulso a la construcción de vivienda pública, con más suelo disponible; apoyo a los municipios ante el reto demográfico; y refuerzo del sector primario, dotándole de mayor seguridad jurídica.

Entre otras propuestas, las sanciones más duras podrán llegar a los 600.000 euros y habrá más plazo para su tramitación, con el objetivo de evitar que prescriban. Además, se ha calculado en un 30% la reducción de los plazos en la tramitación de instrumentos de ordenación.

Por otro lado, el documento contempla otras medidas para favorecer la fijación de población en municipios reto demográfico, como su acceso prioritario a ayudas o subvenciones para actualizar su planeamiento.

Igualmente, se refuerza el sector primario, donde se permiten viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas siempre que estén vinculadas a una actividad agraria real.

“La Ley del Suelo es un instrumento clave para mejorar el acceso a la vivienda. Debemos ir de la mano para mejorar la disponibilidad de inmuebles para la sociedad”, señaló el consejero.

El documento será remitido ahora al Parlamento de Canarias para su debate y aprobación, aunque Miranda ha informado de que “los portavoces de los grupos políticos en la Comisión parlamentaria ya disponen de él desde este verano, con el fin de darles más plazo para su análisis” y ser “lo más transparentes posible con esta norma”.

El Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha aprobado este lunes, 5 de octubre, el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias, que ha culminado así su tramitación en el ámbito del Gobierno de Canarias antes de su remisión al Parlamento de Canarias.

El Proyecto de Ley establece un nuevo marco regulador para ordenar la movilidad de personas y bienes en el conjunto del Archipiélago, incluidos los servicios de movilidad y las infraestructuras vinculadas a estos, bajo principios de sostenibilidad social, económica y ambiental. La norma ha adaptado este marco a las particularidades territoriales, económicas y sociales de Canarias y ha reforzado la coordinación entre las distintas administraciones con competencias en materia de movilidad.

La norma reconoce la movilidad sostenible como un nuevo derecho colectivo, vinculado a la posibilidad de acceder a bienes y servicios en condiciones adecuadas, dignas y seguras y con el menor impacto ambiental y social posible. Este derecho incluye también el acceso a información suficiente para que las personas puedan elegir los medios y servicios de transporte más adecuados, así como la participación ciudadana en las decisiones relacionadas con los sistemas de movilidad.

El texto aborda la movilidad desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta la interrelación entre los tres grandes modos de transporte —aéreo, marítimo y terrestre— y la necesidad de avanzar en la intermodalidad, tanto en los desplazamientos dentro de cada isla como en las conexiones interinsulares y con el exterior.

Además, el Proyecto de Ley incorpora distintos instrumentos de planificación y gestión destinados a ordenar la movilidad en los diferentes ámbitos territoriales, así como mecanismos para favorecer una movilidad más eficiente y sostenible y una mejor integración entre las políticas de transporte, territorio y urbanismo.

El Proyecto de Ley continúa su tramitación parlamentaria

Con la aprobación del Consejo de Gobierno, el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias ha completado esta fase de su tramitación y será remitido al Parlamento de Canarias para continuar el procedimiento.

El texto ha llegado a este punto después de que el Pleno del Consejo Consultivo de Canarias emitiera el pasado 17 de septiembre un dictamen favorable sobre el Proyecto de Ley.

Principales instrumentos de la Ley de Movilidad Sostenible

La Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias, se ha configurado como el instrumento de planificación estratégica de la movilidad en Canarias. A partir del análisis y diagnóstico de la situación, determinará los objetivos y prioridades ambientales dentro de su horizonte temporal y establecerá los principios y criterios que deberán seguir los planes de movilidad de ámbito insular, supramunicipal y municipal, con carácter vinculante para su elaboración.

Esta Estrategia debe diferenciarse de la actual Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de las Islas Canarias (EMSICAN), que constituye una hoja de ruta técnica para diagnosticar y planificar el transporte y la movilidad en el Archipiélago durante las próximas tres décadas.

En desarrollo de esta planificación, el Proyecto de Ley ha previsto planes insulares, supramunicipales y municipales de movilidad sostenible. Los planes insulares definirán los sistemas de movilidad a escala de cada isla y serán vinculantes para los instrumentos de planificación de ámbito inferior. Los planes supramunicipales se plantearán cuando exista una interacción relevante entre dos o más municipios por motivos de trabajo, comercio o servicios, mientras que los municipios de más de 20.000 habitantes deberán contar con planes de movilidad urbana sostenible. También deberán elaborarlos los municipios de menor población que presten voluntariamente servicios de transporte urbano colectivo.

Otro de los instrumentos previstos es el Laboratorio de la Movilidad, que permitirá canalizar las políticas de la Administración Pública de Canarias destinadas a fomentar modos de movilidad más sostenibles mediante actividades de estudio, investigación, experimentación y divulgación. Además, dará cobertura a proyectos piloto orientados al desarrollo de soluciones innovadoras y a la mejora de los sistemas de movilidad de las islas.

Por último, el Proyecto de Ley presta especial atención a la interoperabilidad y la digitalización de los sistemas e infraestructuras de movilidad. La norma contempla el desarrollo de proyectos piloto y mecanismos automatizados para facilitar el intercambio de datos, así como el acceso de la ciudadanía a información sobre los servicios de transporte. El objetivo es mejorar la identificación de las necesidades de movilidad y la planificación de las políticas públicas y favorecer desplazamientos más sostenibles, saludables y eficientes.

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