Onalia Bueno exige el cese del director gerente y el secretario de Puertos Canarios tras ser desautorizados por la Justicia en el caso del Puerto Deportivo de Puerto Rico
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado la tesis defendida por Puertos Canarios y reconoce expresamente que el Ayuntamiento de Mogán tiene un interés legítimo e institucional propio para intervenir en todo lo relacionado con la explotación del Puerto Deportivo de Puerto Rico.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, solicita el cese inmediato del director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, así como del secretario y responsable de los asuntos jurídicos de la entidad, Enrique Wiot, tras la sentencia dictada el pasado 10 de septiembre por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que reconoce el derecho del Ayuntamiento a intervenir en el procedimiento sobre el Puerto Deportivo de Puerto Rico y rechaza la tesis del ente público que pretendía dejar fuera al Consistorio. La alcaldesa denuncia, además, las contradicciones de Puertos Canarios, que pasó de sostener la improcedencia de la prórroga a favor de Puerto Rico S.A. a mantener una posición que, en la práctica, favorece la continuidad de la concesionaria privada, una estrategia que, según advierte, vuelve a repetirse actualmente en el expediente de la prórroga de Puerto de Mogán.
La sentencia supone un severo correctivo a la actuación de Puertos Canarios, que sostuvo ante los tribunales que el Ayuntamiento no tenía legitimación activa para defender los intereses de sus vecinos y vecinas en una infraestructura situada dentro del término municipal de Mogán. Sin embargo, el Tribunal determina que la explotación del Puerto Deportivo de Puerto Rico incide directamente en competencias municipales tan relevantes como la ordenación urbanística, la movilidad, la seguridad, la actividad económica y turística, las licencias, la protección ambiental, el litoral y el uso público, motivos más que suficientes para reconocer la legitimación del Ayuntamiento.
La alcaldesa considera especialmente grave que la actuación de Puertos Canarios no solo haya sido rechazada por el Tribunal, sino que además haya intentado negar la existencia de un interés institucional que la propia sentencia reconoce de forma contundente. La Sala concluye expresamente que el Ayuntamiento puede sostener un interés propio para garantizar que la explotación del puerto se ajuste a las condiciones concesionales, al uso público y a las potestades municipales concurrentes.
“La Justicia ha dejado en evidencia a Puertos Canarios”, apunta, afirmando que “es inaceptable que una entidad pública que debe velar por el interés general dedique recursos públicos a intentar impedir que este Ayuntamiento defendiera los intereses del municipio”.
La contradicción de Puertos Canarios
Para la alcaldesa, la sentencia también deja al descubierto una contradicción que resulta imposible ignorar. Durante años, Puertos Canarios sostuvo que la prórroga de la concesión del Puerto Deportivo de Puerto Rico no procedía y defendió esa posición en los procedimientos abiertos contra Puerto Rico S.A. De hecho, la propia sentencia recuerda que la concesionaria acudió a los tribunales precisamente para combatir las decisiones adoptadas por el ente público sobre la prórroga de la concesión.
Sin embargo, la actuación posterior de Puertos Canarios ha tomado un rumbo completamente distinto. Mientras intentaba apartar a Mogán del procedimiento alegando que carecía de legitimación para intervenir, ha ido construyendo un escenario que favorece, de hecho, que la explotación del Puerto Deportivo de Puerto Rico continúe en manos de la misma entidad privada, Puerto Rico S.A.
La Sala advierte de una contradicción apreciable en la actuación procesal de Puertos Canarios, hasta el punto de llamar la atención sobre el cambio de posición mantenido por el ente en relación con este asunto.
“Primero defendieron que no procedía la prórroga. Después intentaron expulsar al Ayuntamiento del procedimiento. Y ahora todo parece orientado a facilitar que la gestión continúe en manos de la misma empresa privada. Son demasiadas contradicciones para una administración pública que tiene la obligación de actuar con objetividad y exclusivamente al servicio del interés general”, reclama Onalia Bueno.
La alcaldesa entiende que lo ocurrido con el Puerto Deportivo de Puerto Rico no es un episodio aislado, sino un modelo de actuación que vuelve a reproducirse actualmente en el expediente de la solicitud de prórroga del Puerto de Mogán.
Mientras Puertos Canarios inadmitió la solicitud de prórroga presentada por el propio Ayuntamiento de Mogán, continúa tramitando la promovida por una entidad privada, Puerto de Mogán S.A. Esta decisión resulta difícilmente justificable, ya que la concesión del Puerto de Mogán fue otorgada al Ayuntamiento mediante Orden Ministerial de 27 de febrero de 1981 y es, por tanto, la institución municipal, como titular originaria de la concesión y garante de los intereses públicos vinculados a la misma, la que ostenta la legitimación para promover una eventual prórroga.
La situación resulta especialmente llamativa porque reproduce un patrón similar al observado en Puerto Rico respecto a las dificultades para reconocer la posición jurídica del Ayuntamiento y una evidente predisposición a atender las pretensiones de las empresas privadas.
“Parece evidente es que existe una enorme sensibilidad para proteger los intereses de determinadas empresas privadas y una enorme resistencia cuando quien reclama participar es una administración pública elegida”, manifiesta Bueno.
A juicio de Onalia Bueno, la contundencia de la sentencia obliga a depurar responsabilidades. “No basta con que los tribunales corrijan a Puertos Canarios. Alguien tiene que responder por haber intentado negar al Ayuntamiento de Mogán un derecho que ahora la Justicia reconoce de forma rotunda. Quienes impulsaron y defendieron esta estrategia no pueden seguir al frente de una entidad pública como si nada hubiera ocurrido”, afirma.
