Con un endeudamiento del 0,0% y un ahorro neto del 15,2%, el Ayuntamiento cumple con todos los indicadores de saneamiento económico que exige la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal
El alcalde Marco Aurelio Pérez informó este jueves al Pleno de la Corporación que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana goza de buena salud financiera y cumple con creces con todos los indicadores de saneamiento económico-financiero que exige la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal, según se desprende de las auditorías realizadas por el Gobierno de Canarias a la liquidación del Presupuesto municipal de 2022.
El informe del Fondo Canario revela que dichos indicadores económicos señalan, incluso, una mejora respecto al ejercicio de 2021. En ese sentido, el endeudamiento a largo plazo se mantiene en un 0,0 %; el ahorro neto del Ayuntamiento se sitúa en un 15,2%, unos 9,2 puntos porcentuales por encima del nivel exigido, y el remanente de la Tesorería municipal, que evoluciona positivamente al crecer en 21,1 puntos porcentuales, se sitúa en el 295,5%.
En cuanto a los cinco indicadores principales que el Fondo Canario de Financiación Municipal analiza para determinar la salud económica y financiera del Ayuntamiento, Marco Aurelio Pérez informó al pleno que “se cumplen y superan todos los ratios”.
En ese sentido detalló que “la gestión recaudatoria de este ayuntamiento está en un 91,4%, cuando la Ley 3/1999 exige que sea superior al 75%; el esfuerzo fiscal es del 105,8% cuando se pide que sea superior al 73,25%; el ahorro neto se sitúa en un 15,2% aún cuando sólo se exige superar el 6%; el endeudamiento a largo plazo es del 0,0% cuando se exige estar por debajo del 70% y, finalmente, el remanente de Tesorería se eleva al 295,5% cuando la Ley sólo determina que debe superar el 1% del Presupuesto. En su valoración general, el informe del Fondo Canario de Financiación concluye que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana “presenta una evolución positiva en su gestión económica financiera y presupuestaria en relación con el ejercicio de 2021, situándose los indicadores de salud financiera por encima de los niveles exigidos”.
San Bartolomé de Tirajana preserva el derecho de los centros de inserción a la licitación y contratación pública
El Pleno aprueba reservar a partir de 2024 un importe mínimo de 200.000 € para que los centros de iniciativa social que promueven la inserción social y laboral de personas con dificultades puedan participar en las contrataciones públicas de este ayuntamiento
El Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó este jueves por unanimidad fijar para el año 2024 un importe mínimo de 200.000 euros como cantidad económica que el Ayuntamiento preservará para posibilitar el derecho a participar en los procedimientos de licitación y adjudicación a los centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción y programas de empleo protegido.
El concejal de Economía y Hacienda, Alexis Moreno Suárez, destacó que la medida se enmarca en el programa de actuación que el gobierno municipal ha previsto con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este domingo día 3 de diciembre.
Moreno Suárez informó al Pleno que esta propuesta de reserva económica, adaptada a la normativa reguladora de la contratación del sector público, será aplicada por el Ayuntamiento “a cualquier objeto contractual que se considere adecuado a la finalidad de promover la integración e inserción social y profesional de personas con dificultades de acceso al mercado laboral”.
En ese sentido, el informe de la Intervención General del Consistorio sobre esta medida detalla que para el ayuntamiento supone “una oportunidad única para dotar a su contratación pública de un carácter social, y además hacer política social a coste cero, sin ningún coste adicional para el erario municipal”.
El listado orientador de las actividades y servicios que son susceptibles de ser incluidos en los procedimientos de contratación reservada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana destacan productos de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y afines; prendas de vestir, calzado y artículos de viaje y accesorios; impresos, folletos, tarjetas y productos relacionados; manufacturas derivadas de papel y cartón; artículos para personas con discapacidad; regalos para empresas y mobiliario; trabajos de mantenimiento de arcenes, reparación de tejados, trabajos de albañilería y pintura, y servicios de reparación de equipos de edificios; servicios de señalización viaria e instalación de alumbrado; servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración y suministro de catering; servicios de salud y seguridad; servicios de jardinería; diseños web; servicios de operador de telefonía; servicios de correo; gestión de edificios e instalaciones; servicios relacionados con la limpieza y la gestión de residuos; servicios domésticos y también de conserjería.
La decisión adoptada por el gobierno municipal y aprobada este jueves por el Pleno cumple con la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017 de contratos del sector público y con la Directiva 2014/24 de la Unión Europea, que refuerza el aspecto social de la contratación pública y que impone a los estados miembros un mandato para que se adopten medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de compromisos sociales.
La UE adoptó dicha Directiva, entre otros objetivos, precisamente para salvar las dificultades con las que se encuentran los centros especiales de empleo de iniciativa social y los talleres o empresas de inserción a la hora de concurrir a los procesos licitatorios y de adjudicación en condiciones normales de competencia.
El Diputado del Común ya ha informado que en los cabildos y ayuntamientos de Canarias existe un desconocimiento de esta norma que imposibilita su aplicación efectiva.
